GOBIERNOS DEBEN RECUPERAR SU CAPACIDAD DE DEFENDER LOS INTERESES GENERALES

En todo el mundo las políticas sociales enfrentan cada vez más obstáculos en su afán de proteger a las poblaciones y legitimar a los gobiernos, por ello los mercados laborales, como instituciones armonizadoras entre economía y democracia, encaran más debilidades en la conciliación de los intereses de las clases sociales con los gobiernos y las grandes corporaciones.

David Ibarra, doctor honoris causa por la UNAM, dijo que además, la reducción universal en las tasas de crecimiento, el ascenso brutal de la concentración del ingreso y la contracción relativa de los salarios han disminuido la creación de puestos de trabajo suficientes.

Ibarra explicó que en el siglo XX predominó el neoliberalismo, corriente que defiende la supremacía de lo económico sobre lo político como vía única al desarrollo de un mundo globalizado.

En consecuencia, los estratos más numerosos y menos favorecidos de la población frente a decisiones contrarias a sus intereses perdieron confianza en el sistema político, que debió escucharlos y atenderlos.

El autor destacó la crisis de 2008 como un escenario en el que los mercados laborales reconocieron fallas estructurales de fondo que han dificultado corregir las tasas elevadas de desempleo en países industrializados y la informalidad de muchas economías en desarrollo.

El especialista aseveró que la globalización y los cambios tecnológicos producen dislocaciones de los mercados nacionales de trabajo que inciden y rebasan a las políticas nacionales de protección social.

Aunque la innovación tecnológica y la concurrencia transnacional de productores tienen efectos positivos, al final deprimen la demanda laboral, aparejada al crecimiento de los sectores modernos de los países en desarrollo.

Además, los cambios demográficos, las presiones migratorias, la erosión del orden familiar y los apremios presupuestarios inciden en el desgaste del rubro y dislocan los pilares de la protección social: la población, el Estado, las empresas y las familias, lo que favorece la desigualdad.

Propuso enfocarse en una reconstrucción de los estados de bienestar que, por imperfectos que sean, deben brindar solidez a los derechos humanos básicos, sobre todo a servicios educativos y de salud, también a pensiones o jubilaciones.

Una acción relevante consiste en separar los derechos de protección social, de los de incorporación obligada de la mano de obra al sector moderno de los mercados de trabajo. Así, la legislación del futuro en el rubro debe forjarse en torno a los derechos ciudadanos exigidos por todos.

Para lograrlo, es necesario recurrir al impuesto sobre la renta y ofrecer acceso permanente de servicios a la población desprotegida (incluso la afectada por el desempleo) y fortalecer los estabilizadores contracíclicos de la demanda agregada.