LAMENTABLE EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS EN CAMPAÑAS POLÍTICAS.

México padece la cultura y las prácticas autoritarias y clientelares propias del régimen priísta, esto es, el clientelismo con las personas que viven en grandes condiciones de pobreza y marginación, el control corporativo de las organizaciones sociales y populares.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna, recordó que 62 millones de mexicanos viven en situación de pobreza y 23 millones en condiciones de pobreza alimentaria, según los datos y criterios que usa de manera oficial el gobierno federal.

Refirió que con la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia y el regreso del PRI al Poder Ejecutivo federal, delinearon como parte de su estrategia para combatir el hambre en el país la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, cuya responsable es la titular de la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, pero desde un inicio este programa ha sido cuestionado en su visión y por tratarse de una mala copia de programas brasileños, así como en su intencionalidad real: su uso político y clientela para favorecer electoralmente al partido oficial.

“Las críticas se han visto confirmadas en la práctica. La Secretaría de Desarrollo Social federal se convirtió en el área de operación electoral del PRI, especialmente en zonas rurales en las elecciones locales, ahora en la elección federal a nadie debería sorprender que esto pudiera estar pasando”, añadió.

La senadora perredista afirmó que el llamado voto “verde” siempre ha sido una reserva muy importante de sufragios para el PRI.

Es un voto que se sustenta en el uso clientelar, por tanto, ilegal e inmoral de los recursos y los programas públicos.

Para ello se acude al uso y distribución de despensa, láminas, materiales de construcciones diversas, y todo aquello que puede ser útil en la perceptiva de comprar el voto y la conciencia de la gente con mayores condiciones de pobreza y marginalidad.

“Esto se ve reforzado por las estructura del poder cacique que imperan en múltiples zonas del México rural. Así al clientelismo se suma la coacción y la manipulación para lograr el voto de las personas en las zonas rurales”, lamentó.

Por ello, a consideración de la legisladora es importante que se refuerce la supervisión en el uso de los programas sociales, así como en la conducta en general de los servidores públicos en todos los tres niveles de gobierno.

“Basta con recordar que el Código Penal Federal define en su artículo 223 el delito de peculado, el cual significa el uso ilegal de los servidores públicos de la recursos y fondos públicos para favorecer a candidatos y partidos en procesos electorales y la Ley General en Materia de Delitos Electorales establece también en su artículo 11 las faltas y sanciones penales en las que pueden incurrir los servidores públicos por el desvío, uso, condicionamiento de los programas públicos, obras en favor de precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones electorales”, refirió.

Padierna Luna insistió en que los Órganos de Control Interno de las diversas dependencias del gobierno federal deben cumplir con sus tareas y responsabilidades en el marco de la actual campaña electoral. “Se deben establecer con toda claridad a las y los servidores públicos sus responsabilidades, sus límites, en especial, a quienes tienen la responsabilidad de manejar programas de carácter social, en este caso, en las zonas rurales”.

“Sin embargo, el fenómeno no es privatizo o exclusivo de las zonas rurales, pero sí es en donde se expresa con mayor crudeza el proceso de control y manipulación del voto de la población”, afirmó.

La senadora recordó que este gobierno llegó a la Presidencia vía la compra y la manipulación del voto, “nadie puede olvidar lo que se vivió en el 2012 con Monex y Soriana.

Este gobierno federal es un desastre, está reprobado por la ciudadanía, por tanto, le urge el control de la próxima Cámara de Diputados. Está en juego su legitimidad y su credibilidad, así como su eficacia para continuar con la implementación de su programa de reformas privatizadora y excluyentes. Se aprovechan de la pobreza, de la falta de información, de la necesidad y la cultura del miedo para concretar su voto ‘verde’. Un voto clientelar, comprado, las víctimas votando por sus verdugos”.