PREVENIR Y SANCIONAR EL CONFLICTO DE INTERESES

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, firmó hoy el acuerdo de Políticas de Actuación para Prevenir y Sancionar el Conflicto de Intereses en las acciones de las personas servidoras públicas de la CDMX y fortalecer el combate a la corrupción en la capital del país.

Estas políticas están encaminadas a regir conductas de actuación en los funcionarios, para que en el desempeño de su cargo, ejercicio del gasto y en el uso de bienes públicos no incurran en un conflicto de intereses con particulares.

“Estoy convencido que para que exista transparencia y para que se dé esta lucha contra la corrupción debemos de ir cercando, debemos de ir cerrando esos espacios, que en el día a día encontramos y que la ciudadanía está harta de lidiar contra ellos”, resaltó Mancera Espinosa

El acuerdo, signado por el mandatario capitalino, establece que todos los funcionarios públicos del Gobierno de la CDMXestarán obligados a hacer una declaración de intereses anual, donde se expongan las relaciones personales, profesionales, familiares, laborales y de negocios que pudieran representar un conflicto de intereses en la labor que desempeñan.

También especifica contrataciones transparentes en cualquier licitación, adquisición o concesión entre el Gobierno de la Ciudad de México y una empresa o particular, así como se realizará un procedimiento de comunicación entre las partes involucradas, mediante declaraciones de funcionarios y mandos superiores, por parte del gobierno capitalino y los integrantes, accionistas y directivos de una empresa con la que se decida hacer el contrato, e incluye una estrategia anticorrupción.

Al hacer obligatoria y periódica la declaración de intereses se busca prevenir o disuadir la contratación y otorgamiento de concesiones y permisos a familiares, amigos y conocidos. En caso de detectarse esas malas prácticas, se sancionará a los funcionarios sin importar su nivel jerárquico, así como a los particulares involucrados.

“Estamos en un compromiso contra la corrupción. Quiero instruir a la Contraloría, busquemos que, sin vulnerar los lineamientos del InfoDF, toda la demás información sea pública para que toda la gente sepa cómo y quiénes se están contratando y si hay un conflicto de intereses”, enfatizó.

A partir de su publicación en la Gaceta Oficial y que entre en vigor, se requiere que los servidores de la Administración Pública lleven a la práctica diversas acciones y abstenciones tales como:

No aceptar ninguna clase de invitación, beneficio o similar de personas servidoras públicas o de proveedor, contratista, concesionarios.

Previo a cada procedimiento de contratación o concesión pública, se debe dar a conocer el nombre y cargo de los funcionarios que tienen facultades originarias, por delegación, comisión o que actúan en representación, en la atención o toma de decisión respectiva.

Todos los servidores públicos deberán declarar las relaciones pasadas, presentes o potenciales de carácter familiar, profesional, personal, laboral, o de negocios con los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal responsable de sus procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, susceptibles de ser beneficiados o adjudicados con motivo del ejercicio de las atribuciones correspondientes.

También deberá declarar lo correspondiente al cónyuge, a la persona con quien vive en concubinato, en sociedad en convivencia o dependiente económico.

Los secretarios, delegados y directores generales, aún cuando las contrataciones y concesiones se realicen por personal subalterno, seguirán siendo responsables, por lo que deberán tomar conocimiento de los participantes que acuden a cada evento y pronunciarse sobre la existencia o no de conflicto de intereses con ellos.

Al respecto, el Contralor General de la CDMX, Eduardo Rovelo Pico, señaló que estas políticas tienen como objeto principal aclarar el término del conflicto de interés, la conformación de formatos y sistemas aplicables; así como un seguimiento puntual del cumplimiento irrestricto de la ley a través de la imposición de las sanciones y de la ejecución de las mismas.

“La fiscalización, transparencia y rendición de cuentas es una obligación ineludible de todo servidor público. Esta administración impulsa nuevos mecanismos para controlar malas y viejas prácticas, hacemos uso de estrategias, de tecnologías de la información y sobre todo de procesos de modernización”, concluyó.