LEY GENERAL DE DERECHOS DE NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Sin la activa participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en el Sistema Nacional de Protección Integral será difícil lograr cambios reales en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Se han cumplido los 180 días de plazo establecido para el cumplimiento de los artículos transitorios de la Ley General de Derechos de niñas, niños y adolescentes.

El balance es muy pobre en todos los ámbitos: escasa armonización de leyes estatales, nula evidencia de rediseño presupuestal para el próximo año, resistencia en los Estados a la participación de la sociedad civil, retrocesos de leyes locales frente a avances de la Ley General y retraso en la instalación del Sistema Nacional de Protección Integral que presidirá el propio Presidente de la República.

En su momento, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM saludamos que el proyecto de Ley General fuera enviado con carácter preferente por el Presidente Enrique Peña Nieto y especialmente felicitamos la gran tarea que realizó el Senado de la República para modificar y actualizar el proyecto acorde a los estándares internacionales.

Desafortunadamente desde el Poder Ejecutivo no se envió un proyecto económico, lo cual ha obligado a que las dependencias reorganicen a lo interno su presupuesto e incluso que en algunas Entidades Federativas decidan “a priori” no cumplir con el estándar y diseño institucional que establece la Ley General, ante la incapacidad financiera para ejecutarla.

La REDIM ratifica que la Ley General publicada el pasado 4 de diciembre del 2015 representa una gran conquista de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), legisladoras y legisladores y algunos funcionarios públicos, que desde hace años trabajamos para superar el rezago de más de dos décadas, que tiene el Estado mexicano respecto a la garantía de derechos de la infancia.

Sin embargo, miramos con preocupación que menos de la mitad de las Entidades federativas lograron armonizar su ley estatal con la Ley General. Es preocupante que los proyectos de Ley locales quedaran para el último momento en varios Estados y que ahora nos encontremos con una lluvia de aprobaciones de leyes que carecen del debido proceso para entender y atender la realidad local. Expresamos especial preocupación por la negativa de varios congresos y gobiernos locales para abrir la discusión con las organizaciones sociales expertas en derechos de la infancia.

Recordamos que el pasado 19 y 20 de mayo el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas en Ginebra, llamó al Estado Mexicano a incorporar la paridad de sociedad civil dentro del Sistema Nacional de Protección Integral. En este sentido, emplazamos a las autoridades mexicanas a escuchar este llamado internacional y a reconocer que un Sistema Nacional sin la activa participación de las OSC no tiene perspectiva de lograr cambios importantes en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Aunado a lo anterior, el pasado martes 2 de junio la Secretaria de Gobernación presentó a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) el proyecto de reglamento de la Ley General, para su consulta pública. Previamente la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) atendió la invitación que realizó la REDIM a abrir un espacio de diálogo franco con organizaciones sociales. Reconocemos este valioso esfuerzo, sin embargo destacamos la importancia de tener un mensaje de alto nivel que ratifique el compromiso del Estado Mexicano con la amplia y sólida participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección Integral.

En esta etapa, previa a la Instalación del Sistema Nacional, es medular lograr un reglamento de gran calidad y con claro enfoque de derechos humanos de niñas, niñas y adolescentes.

Especialmente que oriente respecto a cómo transitar del actual asistencialismo hacia la restitución de derechos desde el Subsistema de Protección Especial (Sistema DIF y nueva Procuraduría), ya que la versión del reglamento presentada a COFEMER no cuenta con los mecanismos claves para superar la lógica asistencialista que ha tenido en rezago la garantía de los derechos de la infancia por décadas.​

Por lo anterior, desde la REDIM hacemos un llamado al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación para que envíen mensajes de alto nivel que ratifiquen el carácter preferente de esta Ley General y su presupuesto, para el Estado Mexicano en su conjunto.

Invitamos a la creación inmediata de un grupo de trabajo mixto entre dependencias federales, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), municipios, OSC y academia (con apoyo técnico de Naciones Unidas) para realizar una ruta de trabajo que permita avanzar en el rediseño del presupuesto nacional y estatal en materia de infancia para los próximos años.