SEP, OBLIGADA A ATENDER DEMANDAS MAGISTERIALES
La evaluación es una acción punitiva, no para mejorar la calidad de la educación, porque no garantiza la fuente de empleo de los profesores, y como Ley de Coordinación Fiscal no prevé la creación de plazas administrativas para los rechazados, éstos podrían quedar en el desempleo
Con un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a que atiendan las demandas justas de los profesores, las diputadas Aleida Alavez Ruiz y Gloria Bautista Cuevas llamaron a no ejercer acciones punitivas como la evaluación docente sin tomar en cuenta el entorno laboral de los profesores y garantizar la fuente de empleo de miles de maestros.
Alavez Ruiz --vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática-- y Bautista Cuevas exigieron a Emilio Chuayfet aclarar su medida electorera de suspender la evaluación de maestros “indefinidamente”, para volver a implantarla al término del proceso electoral del 7 de junio.
Pidieron al titular de la Secretaría de Educación Pública atender las demandas de la sección 22 de Oaxaca y sensibilidad para entender que los profesores defienden su fuente de trabajo, el sustento de la familia a que todos tenemos derecho. “No debemos satanizar la lucha magisterial sin siquiera intentar entenderla”.
Ante el linchamiento de que ha sido objeto el movimiento magisterial, solicitaron entender las demandas justas de los profesores, como el que se garantice su derecho al trabajo establecido en la Constitución Política. Ello porque en caso de no aprobar la evaluación punitiva, la Ley de Coordinaciión.
Fiscal no prevé la creación de puestos administrativos a los que supuestamente serían reubicados.
Las movilizaciones mulitudinarias que presenciaremos en los próximos días del magisterio disidente expresan una voz que tiene que ser escuchada; los profesores y las profesoras no piden que se elimine la evaluación educativa, sino que en suma, esa evaluación no se convierta en un instrument de castigo en contra de las posiciones críticas y socialmente congruentes.
Por ello, tienen que ser atendidas por todas las autoridades involucradas en este tema, partiendo que sea el propio magisterio quien participe en el diseño de los esquemas de evaluación asegurando que puedan seguir ejerciendo sus tareas bajo la premise de seguir en formación y en actualización permanente, aseguraron las diputadas del PRD.
Respecto de la evaluación educativa derivada de la reforma constitucional del 2013 sobre el sistema docente nacional, dijo que debe sólo podrá tener éxito si se involucra, respeta y toma en cuenta a todos los grupos y fracciones magisteriales que han expresado posiciones diversas a las avaladas en el Congreso de la Unión, y que ella votó en contra.
Es indispensable, dijo, que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa abra un proceso con las autoridades de la Secretaría de Educación Pública que incluya abierta y directamente a las y los mentores nacionales, antes de avanzar en la aplicación de las evaluaciones agendadas para los próximos meses. “Una evaluación tan importante como ésta que no cuente con la participación y el reconocimiento de las y los profesores redundará en una violación a sus derechos humanos y a sus derechos laborales.
“No se puede pensar en la aplicación de una ley o de una reforma pasando por encima de los derechos humanos de las personas, en especial, del derecho a la estabilidad en el empleo, al debido proceso, a la garantía de audiencia, y sin contar con un diagnóstico previo sobre la dinámica y los alcances de una evaluación docente como la que se propone en la Ley
General de Educación emanada de la reforma Constitucional en esta material.
Ninguna evaluación que sea para la educación debe tener el carácter discriminatorio y sancionador que pretende imponerse en los próximos meses, por el contrario debería de tener como eje principal el principio corrective y formative de aquellos docents que por alguna razón no acrediten las evaluaciones, sin que ello involucre un riesgo para su empleo, concluyó.