SE INSTALA EL SNTAIPDP
Quedará instalado el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en un evento que será presidido por el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto y Virgilio Andrade, Secretario de la Función Pública.
El senador Alejandro Encinas recordó que la creación de éste Sistema Nacional es resultado de un esfuerzo legislativo sin precedente, en el que legisladores de distintos grupos parlamentarios, representantes de la sociedad civil y de los órganos garantes, alcanzaron un consenso.
Recordó que en febrero de este año, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, encabezada por Humberto Castillejo, envió al Senado de la República 88 modificaciones al proyecto de dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que pretendían diluir el espíritu de la reforma al artículo sexto constitucional y revertir los avances alcanzados, lo que gracias a la presión de las organizaciones civiles y la actitud firme de los legisladores involucrados, no prosperó.
La nueva Ley y el Sistema Nacional que ésta establece, vienen a replantear las viejas inercias de las políticas públicas, en cuanto al manejo, acceso y garantía que debe de brindar el Estado mexicano para que todos los ciudadanos puedan acceder a toda la información pública y ejercer libremente su derecho.
Imponer cambios drásticos a la legislación secundaria, como la reducción de facultades al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para resolver impugnaciones.
Eliminar la posibilidad de que el INAI determinara la apertura de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, y que el Instituto no pudiera exigir a los sujetos obligados la generación o reconstrucción de información o, en su caso, exigir a los sujetos la prueba de daño que justificara la reserva de información por asuntos que pusieran en riego la seguridad nacional.
En el artículo 104 la iniciativa para crear la Ley General de Transparencia, referente a la prueba de daño sostiene que un ente puede negar acceso a la información en caso de que compruebe que la divulgación de dicha información representa un riesgo real a un “interés legítimo de seguridad nacional”.
Desde Los Pinos se pretendía eliminar la figura de “interés legítimo” para dejar a la interpretación discrecional de la autoridad que cualquier información pudiera representar un riesgo de seguridad nacional.
Se pretendía además, eliminar la posibilidad de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos sancionara a los sujetos obligados que no garantizaran el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia.
La Presidencia planteó modificar el significado de información de interés público, para señalar que que se trata de aquella información beneficiosa para la sociedad, siempre y cuando no tenga carácter de reservada o confidencial.
La Consejería Jurídica planteó eliminar la palabra “comprensible” dentro de las características que debe contener la información que los entes obligados entreguen a la ciudadanía, cuando esta palabra es clave, porque al hacer “comprensible” la información tendrá mayor alcance entre la ciudadanía mexicana, la cual desconoce en su mayoría conceptos y términos jurídicos, políticos y económicos.
La Consejería Jurídica se opuso –con el apoyo del PRI y el PVEM- a establecer la obligación de hacer pública las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos, así como su declaración de interés, y se opuso a la obligación de poner a disposición del público “la remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos por sueldos, honorarios (…) o sindicalizados, o en cualquier otro esquema laboral o de prestación de servicios”.