NUEVAS INVESTIGACIONES SOBRE EL “NEWS DIVINE”
La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuenta con nuevas líneas de investigación sobre el caso News Divine referentes al ejercicio indebido del servicio público de diversos funcionarios como el jefe delegacional y el Director General de Jurídico y Gobierno de la Delegación Gustavo A. Madero.
La presentación de un Punto de Acuerdo, la vicepresidenta de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la Diputada Olivia Garza de los Santos, pidió a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), absolver a 11 policías relacionados con el caso.
Dijo que los agentes no pueden ser inculpados de la muerte de 12 personas en el operativo policial mencionado ya que estaban actuando en el ejercicio de su deber, motivados por una orden superior, por lo que decidió otorgarles un amparo liso y llano.
“Lo anterior, implica que los policías, quienes estaban en libertad bajo caución, dejen de estar sometidos a proceso penal. Sin embargo, dicha resolución podría violentar el derecho a la verdad, a la justicia de las víctimas y sus familiares” explicó Garza de los Santos
La legisladora panista enfatizó que a casi siete años de las denuncias presentadas y juicios abiertos por la muerte de los jóvenes, los altos mandos no han podido ser juzgados o no se les ha podido dictar sentencia, porque han ofrecido pruebas lo que ha alargado el proceso y han impedido al juez dictar sentencia.
Asimismo, se ha considerado que la instancia para abrir nuevos expedientes contra otros mandos implicados, que entonces estaban en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DEF), será la Procuraduría General de Justicia del Distrito (PGJDF), Federal, pero sólo se podrán abrir expedientes en donde la Procuraduría estime que hubo un delito que debiera ser castigado.
Olivia Garza enfatizó que es menester de las autoridades federales y capitalinas atender este caso, pues a pesar del tiempo transcurrido, aún se pueden realizar múltiples gestiones para garantizar el derecho a la justicia y evitar en lo posible actos de autoridad que vulneren dichos derechos.