EVITAR PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Más de 30 mil menores de edad están integrados a grupos delincuenciales y de 2006 a 2013, han sido asesinados mil 873 adolescentes.

Integrantes de la Primera Comisión respaldaron un dictamen para que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), a que fortalezca la implementación de programas y políticas públicas que tengan como fin prevenir la participación de menores en actividades de la delincuencia organizada.

Senadores y diputados informaron que cerca de 30 mil menores de edad están integrados a grupos de la delincuencia organizada y participan abiertamente en sus actividades.

Sin embargo, refirieron que Asociación Civil Cauce Ciudadano ha indicado que en 2013, alrededor de 24 mil menores se habían integrado al Cartel de Sinaloa, mientras que 17 mil más colaboraban con los Zetas, y otros 7 mil 500 se ubicaban en las filas de La Familia Michoacana.

En el dictamen se precisa que la mayoría son jóvenes entre 13, 14 y 15 años, que trabajan como vigilantes de casas de seguridad, sicarios, empaquetando droga, o bien, colaboran en el secuestro de personas

Asimismo, se destaca que diversas organizaciones civiles han informado que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de octubre de 2013, mil 873 adolescentes fueron asesinados, especialmente en estados como Guerrero y Chihuahua.

Ante este escenario, los legisladores consideraron fundamental evaluar las políticas que incidan en este tema, con el objetivo de hacer prevalecer el interés superior del menor y obligar a que la actuación de las instituciones, tribunales y autoridades encargadas de la aplicación del sistema penal para adolescentes beneficie el pleno desarrollo de la persona y sus capacidades.

Subrayaron que se debe realizar un cambio en la concepción de la justicia para adolescentes y buscar que la sanción para los infractores sea de alguna forma “educativa”, y bajo esa lógica, la prevención del delito debe seguir los mismos preceptos.

En este sentido, los integrantes de esta Comisión consideraron que la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación debe intensificar y fortalecer sus programas y políticas públicas, a fin de evitar la participación de los menores en la delincuencia organizada.

En esta misma reunión se aprobó un exhorto a los tres niveles de gobierno, a efecto de que tomen todas las medidas necesarias para prevenir y castigar severamente toda represalia contra víctimas que denuncien torturas o malos tratos.

Asimismo, solicitaron brindar protección a sus familiares, representantes y a defensores de derechos humanos, así como garantizar el derecho de todas las víctimas a una reparación integral del daño.

Del mismo modo, hicieron un llamado a las instituciones de seguridad pública, de procuración de justicia y al Sistema Nacional de Atención a Víctimas para que continúen capacitando a los servidores públicos en materia de sensibilización, prevención y erradicación de tortura u otros tratos crueles e inhumanos.

En el dictamen aprobado por este órgano de trabajo, que preside el senador Arturo Zamora Jiménez, se señala que es necesario redoblar esfuerzos para prevenir la práctica de la tortura, “en lugar de reaccionar a ésta después de que haya ocurrido”.

Se explica que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas es la instancia responsable de diseñar programas y acciones más eficaces para la protección, ayuda, asistencia, atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas.

En el documento se menciona que el país se encuentra en una situación delicada en lo que respecta a este delito, debido a la estrategia de confrontación contra la delincuencia organizada, la cual privilegia el uso de la fuerza sobre la investigación científica, profesional y la protección de los derechos de las víctimas.