VERDADES A MEDIAS

A un año del caso Tlatlaya, en el Municipio de San Pedro Limón, Estado de México, las víctimas no reciben justicia, los presuntos culpables no han sido juzgados y la sociedad enfrenta un caso contundente de opacidad y corrupción.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez, dijo que este caso, junto con el caso de los 43 normalistas, la desaparición forzada de más de 22 mil 322 personas, las innumerables quejas presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI), han sido el denominador común ante la falta de congruencia en las versiones que ha presentado la Procuraduría General de la República (PGR).

El Legislador por el Estado de México hizo hincapié en que la PGR se ha mostrado omisa ante las exigencias de quienes ese 30 de junio de 2014 se vieron involucrados en la muerte de 22 personas, a quienes no se les ha podido asociar claramente con el crimen organizado.

Siete elementos de las fuerzas castrenses continúan detenidos sin que autoridad alguna haya juzgado su caso.

Los familiares exigen la verdad en la masacre de hace un año, y de tres presuntas testigos que han cambiado sus versiones.

El Senador hace mención de la entrevista que le realizaran al General Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional quien declarara que realizar las tareas que le corresponden a los cuerpos policíacos ha sido “muy costoso” para el Ejército, que al acotar el fuero militar los presuntos militares culpables tienen que ceñirse a los protocolos de la jurisdicción civil, pero no sucede nada, afirmó.

No obstante, advierte el Senador Encinas, en esta entrevista realizada a Cienfuegos, el mando manifiesta no contar con ningún avance de la información, información que resulta difícil de creer y más aún que la PGR mantenga este hermetismo ante un acontecimiento que colocara a México en los titulares de todo el mundo, por la corrupción y la inseguridad.