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ESPECIALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA MENORES


Las entidades federativas deben establecer herramientas tecnológicas especializadas que permitan la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales e investigación de los delitos y atención de niñas, niños y adolescentes.

La Senadora panista Martha Elena García Gómez pidió a los cuerpos de seguridad pública en el país, busca garantizar el derecho de la niñez a la seguridad jurídica y a un debido proceso, observando el principio del interés superior del niño y su derecho a la participación.

En este sentido, indicó que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), incorporó la utilización de avances tecnológicos para aportarlos al procedimiento penal como la herramienta denominada Bosty, cuya finalidad es facilitar la toma de declaraciones, práctica de dictámenes periciales, investigación de delitos y atención psicoterapéutica, donde las víctimas o testigos sean niñas, niños y adolescentes.

“Dicha herramienta permite facilitar el acceso a la justicia de los menores, al ser un mecanismo adecuado para su intervención en la averiguación previa”, acotó.

Los infantes, históricamente han sido víctimas o testigos de abusos o maltratos físicos, psicológicos y sexuales, así como de explotación laboral, entre otras conductas delictivas que les generan alteraciones en el sano desarrollo de su personalidad y que provocan que, con frecuencia, estas vivencias no las expresen o en su caso, sean manipulados o amenazados para no hablar de ellas, subrayó.

Ante esto, se implementó en la PGJDF el personaje interactivo Bosty, que es operado por psicólogos clínicos mediante una computadora en tiempo real y monitoreado por un circuito cerrado de audio y video.

“A este personaje animado, la niña, niño o adolescente le podrá expresar lo que piensa y siente sin creerse amenazado, con lo cual se pretende favorecer la confianza, apertura y confidencialidad”, señaló.

Por ello, García Gómez resaltó que sería oportuno que las demás procuradurías del país, incluyendo a la PGR, observen este ejemplo de la utilización de herramientas tecnológicas amigables que les permitan efectuar las diligencias propias del proceso judicial, las cuales generalmente están dirigidas a personas adultas.

“Un verdadero acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes se debe analizar desde la perspectiva de que los procedimientos no estén orientados sólo para los adultos, sino que se deben crear espacios especializados en donde los menores puedan participar efectivamente”, concluyó.

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