PROTEGER DERECHOS A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS MIGRANTES
La Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Instituto Nacional de Migración (INM), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), deben garantizar y supervisar que se cumpla con la protección de los derechos a la igualdad y a la no discriminación de las personas migrantes que habitan o transitan por los Estados y el Distrito Federal.
La Diputada Federal Yesenia Nolasco Ramírez dijo que la SEGOB, a través del INM, haga públicos los alcances y resultados del denominado Programa Frontera Sur, a casi un año de su entrada en operación.
El programa piloto surgido en Baja California mediante el cual se integra el denominado Grupo Beta Tijuana, tenía la finalidad de auxiliar a los migrantes que eran víctimas de la delincuencia, durante su tránsito por territorio mexicano.
En 1994 se forma el Grupo Beta Nogales, en Sonora; en 1995 se crean dos grupos más: uno en Tecate, en Baja California y el segundo en Matamoros, Tamaulipas.
Actualmente existen 22 Grupos Beta, conformados por integrantes de los tres niveles de gobierno, que efectúan su labor en 9 estados del país: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.
Una de las cualidades que enarbola a los Grupos Beta es que fueron creados con la premisa de proteger y defender los derechos humanos de los migrantes que transitan por el territorio nacional, sin importar su nacionalidad o situación migratoria.
Los temas de apoyo a inmigrantes deben ser catalogados con una política de vanguardia derivado que nuestro país cuenta con 4,301 km de frontera terrestre con Estados Unidos de América, Guatemala y Belice.
De acuerdo con información del Gobierno Federal, se estima que anualmente ingresan de manera irregular, por la frontera sur de México, unos 171,000 migrantes, principalmente por el estado de Chiapas.
En los primeros seis meses de este 2015, se reportan más de 92 mil indocumentados detenidos en los pasos de frontera de nuestro país, lo que representa una cifra superior a la manejada por Estados Unidos.
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) reportó que entre octubre del 2014 y abril del 2015, CBP detuvo a 70 mil 448 migrantes no mexicanos.
Derivado de esas cifras la coordinadora del Programa de México y Derechos de Migrantes del WOLA, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas y la CNDH le han pedido al Gobierno de México que haga más para proteger a los niños y otros migrantes.
En Julio de 2014 el titular del Ejecutivo presentó un Programa denominado Frontera Sur, con el cual enunciaba la protección del migrante y el reordenamiento de las fronteras.
Sin embargo, desde la entrada en vigencia del Programa Frontera Sur se ha endurecido las acciones contra personas migrantes y sus defensores en México. Además, este grupo de personas continúa siendo objeto de agresiones en el país, según lo dio a conocer la CIDH.
Ese organismo internacional, en su preocupación por los acontecimientos que trastocan los derechos de migrantes urgió al Estado a que aplique los estándares internacionales en materia de uso de la fuerza en los operativos de control migratorio; que investigue de oficio los hechos; sancione a los agentes responsables de violaciones de derechos humanos, y repare a las víctimas de estas violaciones.
El director de la oficina de Amnistía Internacional en México calificó el programa Frontera Sur, como parte de una política migratoria en el país que carece de perspectiva de derechos humanos.
“La política migratoria mexicana es una política que privilegia la seguridad nacional frente a otro concepto que es la seguridad humana. No es una política que tenga perspectiva de derechos humanos”, concluyó Nolasco Ramírez.