Aciertos y desaciertos ven legisladores en nuevo gabinete
Mal manejo del gabinete por parte de Alejandra Barrales , incluyendo además que solo se estan hacíendo reemplazos. Por otro lado se agradece la designación de Jorge Gavino para el sistema de transporte Metro.
Como un gran error calificó el diputado Federico Döring la designación de Alejandra Barrales como secretaria de Educación entre los cambios en el gabinete del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El panista señaló que solamente se realizaron cambios ante la carencia de cuadros para realizar reemplazos.
Agregó que el mandatario local utilizó los recursos que estaban a su alcance para reestructurar a su equipo de trabajo.
“Comete el error de nombrar a Barrales, en Educación después de que le habíamos compartido en esta Legislatura que contaba con denuncias penales, pero de ahí en fuera creo que hizo lo que mejor que tenía con lo que había a disposición en las filas del PRD”, señaló el panista.
Por otra parte, celebró la designación de Jorge Gaviño como director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la cual calificó como un respiro.
Guaida exige rendición de cuentas
Por su parte, el priista Fernando Mercado Guaida criticó que a los funcionarios salientes como Joel Ortega, quien hasta hace poco fuera director del Metro, y José Ramón Amieva, que se desempeñaba como Consejero Jurídico, no se les exija rendición de cuentas.
“Los ajustes implican un cambio de rumbo en la ciudad; sin embargo, lo pertinente hubiera sido que funcionarios como José Ramón Amieva, en el cargo de Consejero Jurídico y de Servicios Legales, así como Joel Ortega, director del Metro, rindieran cuentas de cómo dejan sus cargos”, comentó.
En contraparte, el diputado Oscar Moguel, de Movimiento Ciudadano, calificó como “un respiro” las modificaciones hechas en el gabinete.
También señaló que en caso de existir irregularidades, el órgano legislativo podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, (ASCMX), ejerza sus facultades legales para aplicar las responsabilidades administrativas e incluso penales a todos aquellos servidores públicos que se hayan extralimitado en sus facultades y deberes.