LA NUEVA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

En los centros penitenciarios imperan la arbitrariedad, violencia y corrupción, resultado de más de una década de desatención, y con la nueva ley se busca equilibrio para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario e implicaciones en materia de seguridad.

La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, Cristina Díaz Salazar, anunció que hay grandes avances en el proyecto de Dictamen de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a través del cual se podrá concretar la urgente modernización del Sistema Nacional Penitenciario (SNP), que atraviesa por una crisis que quedó en evidencia por la reciente fuga del delincuente Joaquín Guzmán Loera.

El país requiere una ley que establezca los procesos y las obligaciones del Sistema Nacional Penitenciario para coordinar y establecer protocolos en materia de seguridad y funcionamiento del sistema carcelario, dijo.

La legisladora priista indicó que se tiene un Proyecto de Dictamen con más del 80 por ciento de avance, y se sigue trabajando en temas como industria penitenciaria; régimen de derechos y procedimiento jurisdiccional.

Tras indicar que el proyecto es abordado en las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Estudios Legislativos, Cristina Díaz dijo que desde marzo de 2013 se instaló una mesa de trabajo en la que participaron los tres los secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas, así como académicos, representantes de la sociedad civil, magistrados del poder judicial federal, de la Procuraduría General de la República, la SETEC, el órgano desconcentrado para la readaptación social de la Secretaría de Gobernación.

La finalidad de esta mesa de trabajo fue presentar una iniciativa de Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada en noviembre del mismo año e inmediatamente se instaló una mesa permanente de trabajo formal para elaborar el dictamen, puntualizó.

Precisó que la Comisión de Justicia encabeza la dictaminación y desde 2013 en el Congreso se ha estado trabajando en el proyecto, porque dada su complejidad se buscan los puntos de equilibrio, para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario y las implicaciones en materia de seguridad versus protección de derechos humanos de las personas internas, acotó.

Díaz Salazar remarcó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tendrá como objetivo primero instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de las sanciones penales que permitan la gobernabilidad en los centros penitenciarios, siempre buscando garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas internas.

Comentó que entre otros puntos, también se están definiendo las reglas que habrán de seguir las autoridades penitenciarias, para llevar a cabo el régimen de internamiento, ingresos, visitas a estos centros, revisiones personales, traslados y régimen disciplinario.

En la 63 Legislatura los senadores tendremos que ir de la mano con nuestros compañeros de la Cámara de Diputados, pues no tendría caso si no buscamos las condiciones de un presupuesto que haga viable este nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que formará parte de un andamiaje jurídico necesario para el nuevo sistema penal, puntualizó.

Continuamos trabajando en este grupo de las comisiones unidas, con la finalidad de que iniciando el siguiente periodo ordinario de sesiones estaremos en condiciones de presentar un dictamen ante el pleno de las Comisiones e inmediatamente su discusión ante el Pleno del Senado.

Sin embargo precisó, que derivado de la complejidad en los asuntos que regula la Ley nos obliga a no incurrir en premuras para evitar omisiones que dieran por resultado una normatividad incompleta o ambigua, lo que derivaría en la vulnerabilidad del sistema de seguridad penitenciario como es ahora, comentó.

La senadora consideró apremiante enfocarse en esta iniciativa compuesta por 197 artículos, ya que el establecimiento de protocolos, procesos y obligaciones en materia de seguridad y funcionamiento del sistema carcelario ayudarán a tener un mejor manejo de las condiciones de internamiento y de aseguramiento de las personas privadas de su libertad, explicó.

Ello porque el sistema penitenciario tiene graves y grandes problemas en su funcionamiento, y sobre todo que no cumple plenamente con un esquema de reinserción social.

Los centros penitenciarios en México se han convertido en ámbitos donde imperan la arbitrariedad, violencia y corrupción. Esto es el resultado de más 15 años de desatención al problema carcelario en el país por parte de los gobiernos; y es también generado por la apatía de los ciudadanos, que han preferido no mirar hacia las cárceles, sostuvo.

Un sistema penitenciario que funcione de forma adecuada, es un aspecto necesario para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la buena administración de justicia, subrayó la presidenta de la Comisión de Gobernación.

Consideró que se deben establecer las bases de coordinación entre la federación y las entidades, a fin de organizar el sistema de ejecución penal, con pleno respeto a los derechos humanos, garantizar la gobernabilidad de los centros de reclusión y contribuir a la seguridad pública y social del país.