Elsabueso Mexiquense
Sobrendeudamiento de estados y municipios
Con los resultados de las estimaciones del modelo econométrico de panel de datos con información de los 31 gobiernos estatales para los años comprendidos entre el 2007 y 2012, periodo en el cual los saldos de la deuda presentaron un cambio substancial en su comportamiento histórico, se encontró que tanto la variación de la deuda pública estatal directa como el endeudamiento neto se explican por la disminución en el costo del dinero (tasa de interés). Así también, otras variables que resultaron determinantes para su explicación fueron los incrementos en los recursos que los gobiernos estatales destinan a la inversión de capital, así como el aumento en la carga financiera que representa el pago de las amortizaciones por la deuda pública, y el incremento en los recursos provenientes de la federación que son susceptibles de otorgarse en garantía, según lo permite la Ley de Coordinación Fiscal.
El comportamiento creciente de sobrendeudamiento reportado por las entidades federativas y municipios en México, se convirtió en un asunto público de la agenda legislativa. El día de ayer el Presidente Enrique Peña Nieto presentó un Ley secundaria que contendrá y desacelerara el crecimiento de la deuda pública sub-nacional. La reforma prohíbe además a los estados y municipios contratar deuda para cubrir el gasto corriente y destinar los recursos sólo a proyectos de inversión pública. También faculta al Congreso en materia de deuda pública y establece una comisión bicameral legislativa que analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas en las entidades.
Con la nueva legislación, estados y municipios podrán contar con el aval del gobierno federal para la contratación de deuda, fijándose reglas y condiciones para tal efecto. La garantía federal –como ocurre en el endeudamiento del Distrito Federal– permitirá reducir el costo del financiamiento, de deudas estatales y municipales, pues supondrá tasas de interés y plazos más accesibles. Al mismo tiempo, lograr este aval –que tendrá como tope máximo para la Federación 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB)– alentará que los gobiernos tengan solidez financiera, pues para obtenerlo deberán alcanzar un convenio con la Federación y contar con el respaldo del Congreso local para asumir las responsabilidades puntuales de la situación financiera.
Es decir, que en el nuevo armado legislativo sienta las bases para que los electores puedan decidir si se cumple el mandato que tiene el gobierno de regresar a la ciudadanía en términos de bienestar las contribuciones que se hacen a través de impuestos. En otras palabras, que no basta con la transparencia y la legalidad. Los controles de deuda deben ayudar a los ciudadanos para determinar si los gobiernos cumplen con el propósito para el que fueron elegidos.
Así pues, los estados y los municipios deben ejercer la soberanía –que les corresponde por ley– para generar recursos suficientes que les permitan financiar sus programas de desarrollo, así como consolidar a los gobiernos locales para que dejen de extender la mano para que, vía deuda, la federación les entregue lo que creen necesitar. Lo anterior, sin duda tendrá un costo político de lo que esto implica, ahora a esperar a ver quiénes están dispuestos a pagarlo?.
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