Elsabueso Mexiquense
Chapulines de la corrupción
De acuerdo a los datos de la Auditoria Superior de la Federación y a la auditoría que se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de corte, que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas, dando como resultado que entre el primero de diciembre de 2012 y el 30 de junio del presente año, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 5 mil 710 sanciones a 4 mil 884 servidores públicos que incurrieron en faltas administrativas en el ejercicio de sus responsabilidades. Estas sanciones van desde lo económico, pasando por las inhabilitaciones, conflicto de intereses y hasta lo penal.
Sin embargo, muchos de los “servidores públicos sancionados e incluso inhabilitados” buscan y encuentra trabajo en otros ámbitos de gobierno, es decir, si fueron sancionados en la Federación se van a los Estados o Municipios y viceversa, donde seguramente continuar realizando sus prácticas corruptas para desviar recursos públicos en su beneficio. Como parte de un tercer bloque de sanciones en menos de dos meses, tan solo la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF) informa que se ejecutaron 404 sanciones donde se impuso sanciones económicas a diversos funcionarios de la administración de la Ciudad de México por un monto de ocho millones 987 mil 882.83 pesos. De este cúmulo de sancionados a 12 de ellos se les destituyó del cargo. En suma, durante las últimas semanas la Contraloría sancionó a 627 servidores públicos, fijó por concepto de sanciones económicas un total de 160 millones 810 mil 352.17 pesos, destituyó a 40 servidores públicos e inhabilitó a 53 funcionarios de sus funciones.
El Órgano Superior de Fiscalización (OSF) presento observaciones a la cuenta pública de 2014 sancionando la falta de comprobación de gastos, compra a proveedores que no están en el padrón estatal y el pago de salarios fuera del tabulador legal, en varios Municipios del Estado de México. Señala que el OSF detecto dentro de las irregularidades: Excedente de percepciones de algunos servidores públicos respecto a su superior jerárquico y del monto máximo autorizado en el tabulador de sueldos; comisiones bancarias por cheques devueltos; retenciones de impuesto sobre la renta no enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT); falta de documentación en los expedientes de personal de los servidores públicos; adquisiciones de bienes a proveedores que no están registrados en el padrón de proveedores y documentación comprobatoria por servicios de difusión que no desglosan la fecha ni horario de promoción.
En lo que va de la administración del Gobierno del Estado de Jalisco, se han iniciado más de 400 averiguaciones en contra de servidores públicos de la Fiscalía General, de las cuales continúan en trámite 328, y se han consignado a 39 trabajadores por diversos ilícitos, informó el encargado de la seguridad en la entidad, Eduardo Almaguer, quien agrega. “Se lleva hasta el momento poco más de 700 procedimientos administrativos, encontrándose vigentes 359 y habiendo sido sancionados 101 servidores públicos, el año 2013, 2014, hasta el 31 de julio 2015”. Y esto es solo en algunos gobiernos.
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