INMOVILIZAR A LA SOCIEDAD POR MEDIO DE LA FUERZA Y LA REPRESIÓN.
Cuarto Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), expresan su solidaridad y respaldo a los profesores de la CNTE.
Exigen la presentación con vida de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, y piden a todos los niveles de gobierno las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre expresión y manifestación.
En un comunicado señalan que el pasado 21 de julio el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, en coordinación con el gobierno federal, decidieron –por decreto– una modificación completa de la estructura administrativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Dicha medida pretende llevar a la práctica una serie de cambios laborales en el ámbito de la educación pública, cobijada bajo una supuesta reforma educativa.
Previamente, durante varios meses, se llevó a cabo una campaña en los medios de comunicación que denuesta y criminaliza a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), principalmente dirigida contra el magisterio de Oaxaca.
El pasado 16 de agosto se dio a conocer un documento donde el gobernador pide a la federación el envío de las fuerzas armadas para controlar las protestas contra dicha medida. La más reciente de las acciones represivas del gobierno estatal y federal son las 15 órdenes de aprehensión giradas contra profesores de la Sección XXII.
A la presencia de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y Estatal, quienes vigilan y limitan cada una de las manifestaciones de las últimas semanas, se suman las fuerzas castrenses, lo cual sólo puede ser interpretado como estado de excepción, en donde se vulneran las garantías individuales consagradas en la constitución mexicana y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además existen protocolos internacionales, firmados por México, que prohíben el uso de la fuerza militar contra manifestaciones de la población.
Dichas acciones se suman al profundo descontento existente en amplios sectores de la sociedad mexicana, debido a los nulos avances en la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace once meses, por elementos armados bajo las órdenes del Estado.
A esto se añaden los recientes asesinatos de activistas sociales, periodistas y ciudadanos en la colonia Narvarte, de la ciudad de México, y en el resto del país, bajo condiciones que presumen un móvil de carácter político.