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DEROGACIÓN DEL ART. 41 POR LA CORRUPCIÓN Y EL CAOS INMOBILIARIO

En su reciente Informe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera presentó un proyecto de decreto para modificar los artículos 41 y 42, además de crear un 41 bis, de la Ley de Desarrollo Urbano, para seguir facilitando el camino a las inmobiliarias.

La ciudadanía ha exigido tanto eliminar de la ley los elementos discrecionales que destruyen la planeación urbana y facilitan la corrupción y el caos en la Ciudad de México como son el artículo 41, artículo 42, polígonos de actuación y las áreas de gestión estratégica.

Al mismo tiempo demandan respetar los programas parciales y delegacionales que constituyen la única forma de asegurar un desarrollo urbano sustentable.

Solicitamos que la clase política no justifiquen reformas por la “preocupación ciudadana” cuando lo que permite es facilitar los cambios de uso de suelo sin planeación urbana alguna, ni respeto a lo establecido, ni ordenación. Seguimos con el caos y la anarquía.

En su informe de la semana pasada, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, habló de hacer suya una iniciativa de la ciudadanía para evitar abusos en usos de suelo con los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano.

Primero, cabe aclarar que no son abusos sino son miles de delitos que cometieron y cometen inmobiliarias en contubernio con autoridades en el Distrito Federal y las distintas delegaciones, y que, hasta ahora, siguen impunes. Ambos artículos han servido como mecanismo de regularización de obras o establecimientos ilegales o para modificar usos de suelo que no cumplían con los lineamientos de los artículos mismos.

Segundo, el Consejero Jurídico y de Servicios Legales, Manuel Granados, compartió parte de esta propuesta de modificación hecha por Gobierno del Distrito Federal que citamos a continuación: En el caso de programas delegacionales y parciales… “si se solicita el cambio de uso de suelo sólo pasará si el Comité Vecinal y los vecinos colindantes están de acuerdo”.

En otras palabras, es suficiente con ponerse de acuerdo con los comités vecinales y comprar los predios colindantes para que la ley que rige los usos de suelo pase a un segundo plano y las constructoras tengan el camino libre para construir lo que quieran. Esto no responde en absoluto a las demandas hechas por grupos ciudadanos, al contrario, es totalmente opuesto a lo que se ha venido pidiendo.

Antes de cualquier modificación a la ley lo que urge es recuperar el estado de derecho y para ello aplicar las sanciones correspondientes a los miles de casos de construcciones y giros que operan ilegalmente y que han sido debidamente denunciados por ciudadanos. Después, hacer un análisis de las leyes y los instrumentos de desarrollo urbano para lograr una congruencia normativa.

El estricto apego a los programas parciales y delegacionales es lo que todos exigimos y lo que esta ciudad necesita, no nuevas fórmulas de discrecionalidad.

Reiteramos nuestra demanda de derogar los artículos 41 y 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.

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