GARANTIZAR SEGURIDAD DE PADRES DE LOS 43 ESTUDIANTES DE AYOTZINAPA DURANTE SU ARRIBO Y ESTADÍA

Los tres niveles de gobierno deben mostrar capacidad suficiente para garantizar derechos a libre tránsito y manifestación de las ideas, además de que no puede permitirse otro desalojo a manifestantes pacificos como ya lo ordeno alguna vez Mancera.

Para el arribo y permanencia de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, es necesario que el Estado garantice su seguridad y el ejercicio de sus derechos, demandó la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ernestina Godoy Ramos.

La legisladora consideró que después de los hechos registrados en Tixtla, Guerrero, las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno deben mostrar capacidad suficiente para garantizar el libre tránsito y manifestación de las ideas.

Primero, sostuvo, las autoridades coludidas con organizaciones criminales cometen uno de los actos delincuenciales más reprobables de la historia; segundo, las instituciones mexicanas encabezadas por Enrique Peña Nieto ofenden a México con investigaciones que faltan a la verdad y, ahora, de nueva cuenta limitan sus derechos.

Los hechos de este martes merecen levantar la voz no sólo desde el Congreso de la Unión, sino desde la sociedad civil organizada, consideró la diputada del partido Morena al tiempo que condenó enérgicamente el doble discurso de las autoridades mexicanas.

“Por un lado, Peña Nieto ofrece una reunión con los padres de familia, la PRG captura un año después a delincuentes presuntamente implicados en el caso e identifica sin elementos suficientes a un segundo estudiante; por otro, con esas acciones EPN descalifica las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y refuerza la verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam”.

Mientras tanto, aseguró, el caso sigue impune, nadie ha sido sentenciado, y los responsables están libres. Hay responsabilidad de Enrique Peña Nieto, del Ejército Mexicano, de la secretaría de Gobernación, de las policías estatales y municipales, del ex gobernador, en general de las instituciones encargadas de administrar y procurar justica, consideró.

Por lo anterior, la diputada federal de Morena demandó a los gobiernos Federal y de la Ciudad de México garantizar la seguridad de las familias de los estudiantes desaparecidos, de las organizaciones civiles, de los defensores de derechos humanos y de las miles de personas que demandan justicia.

Sería inadmisible la utilización de la fuerza pública del gobierno de Mancera, para reprimir a los padres de los normalistas desaparecidos, advirtió. “No puede haber otro desalojo de manifestantes pacíficos como el ordenado por Mancera en noviembre pasado en el Zócalo de la Ciudad de México”.

Es absolutamente condenable que un gobierno surgido de una colación de izquierdas, no sólo haya guardado silencio para condenar el crimen en contra de los normalistas y mostrado insensibilidad con el dolor de los padres y madres de los 43, sino que se ha puesto del lado de los que ocultan la verdad y buscan evadir la justicia, reprimiendo las manifestaciones pacíficas en demanda de justicia.

Mancera, debe entender que no es el regente, que no fue electo para cuidar a Peña Nieto y sus amigos de farándula, sino para garantizar el ejercicio de las libertades y proteger a las y los ciudadanos del DF.

En tanto, las comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal están facultadas para instrumentar un operativo con observadores de derechos humanos que vigilen y denuncien cualquier tipo de abuso de las autoridades o cuerpos policíacos.