CONTRALOR COMPARECE ANTE ALDF

El nuevo modelo de la Contraloría General consta de cuatro ejes rectores de los que derivan 116 programas, verificables todos ellos, pero sobre todo medibles en cuanto a sus resultados.

El contralor general del Distrito Federal (CGDF), Eduardo Rovelo Pico, compareció este martes ante el pleno de la Asamblea Legislativa (ALDF), como parte de la glosa del Tercer Informe del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Indicó que la Contraloría tiene como objeto fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. “La legalidad y la estabilidad de la Administración Pública permiten la gobernabilidad democrática que requieren las y los ciudadanos”.

Por ello, enfatizó que en el marco del Programa Integral Contra la Corrupción, 586 servidores públicos han ejecutado 631 operativos de verificación en las áreas de las dependencias, entidades y delegaciones que realizan trámites y servicios a la ciudadanía y levantaron 12 mil 472 encuestas.

Esto derivó en “270 recomendaciones a las autoridades públicas verificadas, lo que permitirá de manera indirecta mejorar la actuación de los servidores públicos”, dijo el contralor general a los diputados locales.

Agregó que en materia de fiscalización “se practicaron 573 auditorías a unidades administrativas del Distrito Federal, enfocadas en los rubros legales, de las cuales derivaron mil 693 observaciones, de ellas mil 188 fueron administrativas y 505 económicas, las que equivalen a un monto de tres mil 802 millones 531 mil 900 pesos observados”.

En las intervenciones aplicadas a las Unidades Ejecutoras de Gasto, al advertirse incumplimiento de contratistas y proveedores, se logró la aplicación de penas convencionales por un monto recuperado para el Distrito Federal de 346 millones 39 mil 392 pesos.

Rovelo Pico señaló que “a fin de prevenir malas prácticas de las personas servidoras públicas y proveedores, se intervino en tres mil 318 licitaciones públicas e invitaciones restringidas; mil 539 adjudicaciones directas; y mil 59 actas de entrega-recepción de obras públicas”.

La Contraloría General inició dos mil 360 procedimientos administrativos disciplinarios en los que se encontraban involucrados cuatro mil 91 servidores públicos. De estos, se impusieron mil 949 sanciones a mil 918 servidores públicos, al haber acreditado la responsabilidad administrativa en que incurrieron en el desempeño de su empleo, cargo o comisión.

“Se impusieron 146 sanciones económicas, cuyo monto ascendió a la cantidad de mil 973 millones 102 mil 149 pesos, cantidad superior en 678 millones 622 mil 898 pesos que por el mismo concepto se impusieron en el mismo periodo inmediato anterior al que se reporta, lo que representa un incremento de 190 por ciento”, explicó.

Como una acción de innovación, afirmó el contralor general, “en el gobierno de la ciudad se implementó la prevención del conflicto de intereses”.

A partir del presente año, todos los servidores públicos, así como las personas y empresas privadas, deben cumplir con las políticas de actuación para prevenir la existencia de conflicto de intereses.

En esta materia se logró superar la meta prevista de 25 mil declaraciones. Durante septiembre se captaron, vía Internet, 28 mil 801 trámites realizados por servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal.

Respecto a las acciones efectuadas por la CGDF en el tema de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Eduardo Rovelo abundó que se está “realizando una auditoría en tiempo real de los trabajos de rehabilitación, con el objetivo de evitar incumplimientos normativos, atrasos y deficiencias de calidad en los materiales, a través de verificaciones físicas a los trabajos ejecutados, así como revisión documental”.

En el periodo que se reporta se dictaron 63 resoluciones en procedimientos administrativos disciplinarios inherentes a irregularidades detectadas con motivo de la construcción de la Línea 12, añadió.

El contralor general expuso que en “prospectiva se tiene la implementación del Programa Integral Contra la Corrupción; vigilar que el desempeño de los servidores públicos se efectúe en apego a la normatividad aplicable; promover la participación ciudadana por medio de las quejas y denuncias; imponer y ejecutar sanciones ejemplares para las y los servidores públicos que se aparten de la lealtad institucional; desarrollar instrumentos jurídicos que fortalezcan y sustenten la actuación de las autoridades que combaten la corrupción; desarrollar y utilizar las nuevas tecnologías”.

Rovelo Pico expresó a los integrantes de la VII Legislatura que tiene la certeza de que “los ciudadanos paulatinamente recuperen la confianza en sus instituciones” y agregó que “no concederemos ningún espacio para la simulación, todas las denuncias, quejas y responsabilidades serán atendidas”.

Finalmente afirmó: “Tengan la seguridad de que redoblaremos esfuerzos en la investigación y fiscalización de aquellos casos que han lesionado los intereses públicos, como lo referente a las conductas irregulares que han dado lugar a la imposición de sanciones administrativas, pero también denuncias ante las autoridades competentes”.