LA CAÍDA DE INGRESOS PETROLEROS CONTINUARÁ Y AGRAVARA AL PAÍS

México se encuentra en una ruta incierta y crítica como saldo de las “reformas estructurales”, entre ellas la laboral y la energética, que se refleja en el aumento de la pobreza, desempleo e inseguridad social para la mayor parte de la población.

Estas reformas podrían agravar más todavía por el desplome de los precios internacionales del petróleo y de los ingresos a las arcas nacionales por este concepto.

Hasta el momento, el impacto no ha sido mayor gracias al mayor ingreso tributario obtenido por el gobierno, lo que ha permitido amortiguar la caída en los ingresos petroleros e, incluso, aumentar las participaciones y aportaciones a los estados en 4.0%.

Para 2015, con un precio promedio por barril de 81 dólares, se preveía que los ingresos petroleros representarían 25.23% de los ingresos públicos, pero a octubre sólo significaban 21.15 por ciento.

En él 2016, con un precio promedio de 50 dólares por barril, se preveía que representarían 18%, pero esta proporción será menor si el precio continúa debajo de 50 dólares.

En contraste, se preveía en 2015 que los ingresos tributarios serían el 42.15% del total, pero a octubre fueron el 64%, principalmente por mayor recaudación de ISR, IVA y IEPS. Sin embargo, para 2016 se prevé que representen sólo 51 por ciento.

Dados los nulos resultados de la reforma energética al momento, es necesario que se priorice el cobro de impuestos a grandes evasores y no a la población de menores ingresos, a fin de evitar una situación de crisis. Es decir, deben pagar más quienes más ganan.

Además del desplome de los precios promedios, los ingresos petroleros se ven afectados por la caída de la producción de Pemex, la que tardará años en ser sustituida por la producción de las transnacionales a las que se entregará la explotación de hidrocarburos, sobre todo por la desconfianza que ya generan las autoridades mexicanas por sus múltiples evidencias de corrupción.

El GPPRD considera que debe detenerse la política de aniquilamiento emprendida contra Pemex, a la que continuamente se le dejan pocos recursos para invertir de los muchos que se le extraen, pero además propone que los grandes consorcios privados paguen los impuestos que deben.

A principios de año, algunos medios de comunicación informaron que al menos 46 de estos consorcios adeudan al fisco más de 214 mil millones de pesos, sin contar a las que ocupan a trabajadores bajo el sistema de “outsourcing”.

De otro modo, de continuar la caída en la producción y venta de petróleo, los ingresos tributarios no alcanzarán para compensar esa caída y las consecuencias serían funestas para la población y una de las formas en que se le impactaría sería a través la disminución de participaciones (Ramo 28) y aportaciones a los estados (Ramo 33), impacto que sería cuanto mayor si se hace uso faccioso del tema en un año de elecciones en varios estados.

En un escenario de disminución de ingresos estatales por participaciones y aportaciones por la caída del precio del petróleo, las entidades buscarían compensarlos con deuda, recaudación local o recorte de programas sociales.

Las tres alternativas tienen graves inconvenientes, pues mayor endeudamiento sólo sería viable para algunas entidades y una recaudación local generalizada o un recorte a programas sociales sólo aumentarían la pobreza y miseria en el país, en particular porque no se disminuye el gasto corriente ni el dispendio.

Hasta el momento, no han disminuido las transferencias a los estados –aunque en el caso de los petroleros esto es distinta-, pero sí a los municipios, como hemos denunciado oportunamente, no por razones económicas, sino políticas.

En vísperas de año electoral, los partidos en el poder se aprestan a reutilizar el pretexto de baja en ingresos petroleros para perpetrar el uso faccioso del presupuesto, regateándolo a los alcaldes con origen partidario distinto al suyo.

En conclusión, ante la caída de los ingresos nacionales por concepto de extracción y venta de petróleo, consideramos necesario cobrarle a los grandes evasores, permitir que Pemex sea rescatado, no afectar programas sociales, disminuir los gastos innecesarios y cumplir las transferencias a los municipios.

Ante la mayor contribución de la sociedad, debe recordarse que en los últimos años el descrédito y desconfianza de los contribuyentes y de los ciudadanos en general hacia las instituciones y sus autoridades se ha agigantado, lo que genera un terreno propicio para finanzas públicas débiles. Un uso faccioso tanto del tema petrolero como del presupuesto no haría más que agravar la situación.