EL GOBIERNO FEDERAL PRETENDE CAPTURAR MÁS DE UN TERCIO DE LA CONSTITUYENTE

Las reglas de la elección de sesenta diputados para integrar la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se apartan de las normas constitucionales y legales y están hechas bajo pedido del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien pretende controlar más de un tercio de los legisladores para tener derecho de veto sobre la nueva Constitución local.

La estrategia consiste en postular candidatos independientes falsos con el apoyo del gobierno federal.

El Instituto Nacional Electoral (INE), planea permitir que se pueda registrar hasta cinco candidatos independientes con las mismas firmas de ciudadanos, no obstante que la ley electoral lo prohibe.

De esa forma, con los 6 diputados que nombrará Peña Nieto según el decreto de reformas, sumados a los priistas y miembros del PVEM asignados por las cámaras de Congreso, los candidatos que surjan de la lista priista y por lo menos cinco pseudo independientes podría ser suficiente para controlar más de un tercio de la Asamblea, es decir, más de 33 diputados de un total de cien.

Esos falsos candidatos independientes, con tan sólo 70 mil firmas (1% del listado electoral) para cinco de ellos, podrán ser diputados con unos 40 mil votos cada uno a patir de que se logren presentar como ciudadanos sin partido y críticos de los partidos con el propósito de obtener sufragios mediante el engaño.

Si se expide la norma de que las mismas firmas puedan servir para registrar hasta cinco candidatos independientes, se estará convirtiendo una norma democrática que permite a las personas sin partido registrar su candidatura en un vulgar instrumento del poder para disfrazar candidatos oficialistas de ciudadanos sin partido y obtener por esa vía los votos que el partido del gobierno no puede lograr en una competencia abierta y sincera.

También se pretende hacer una distribución inconstitucional del financiamiento público, pues se ha programado que el dia de mañana se apruebe que a cada partido político nacional les corresponderá una parte igualitaria del monto total a distribuir, sin tomar en cuenta la fuerza electoral que tiene cada partido en la ciudad de México, lo que beneficia al PRI y a sus partidos aliados. Esto contradice la fórmula de reparto del financiamiento público establecido en el artículo 41 base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, los consejeros electorales planean atribuirle a cada partido y al conjunto de los candidatos independientes, que en buena medida serán oficialistas, el mismo tiempo para propaganda en radio y televisión, al margen de normas que durante muchos años se han aplicado durante las campañas electorales.

Los pretendidos argumentos para llevar a cabo estos atropellos son que durante el tiempo de existencia de la actual autoridad electoral (IFE-INE) nunca se había convocado a una elección de diputados constituyentes, por lo cual existen bases para inventar normas a pesar de lo que al respecto señala la Constitucion y la ley.

Lo que tendremos en la Ciudad de México será una elección más. El carácter de los diputados, sus encomiendas y tareas no son de la incumbencia de la autoridad electoral que está constituida para garantizar la realización de elecciones, el respeto al voto y la aplicación de las normas electorales del país. No podría el INE tener capacidades legislativas y mucho menos licencias para violar la Constitución con el pretexto de que la próxima elección en la Ciudad de México será de diputados constituyentes.

Adicionalmente la Convocatoria contiene disposiciones que se alejan del texto constitucional relativas a precampañas a las que tienen derecho los militantes de los partidos. Según los lineamientos que se pretenden aprobar, el periodo de precampaña será exclusivo de los candidatos independientes mientras los partidos estarán impedidos de realizar esas actividades señaladas por las normas vigentes. Así también no habrá tiempo de radio y televisión para precampañas. Todo ello para dejar solos durante muchas semanas a los pseudo candidatos independientes los cuales podrán llevar a cabo actividades de amplia trascendencia en medios de comunicación especialmente a través de entrevistas promovidas por el gobierno bajo la cobertura de que buscan las firmas exigidas por la ley, lo que será otro un engaño porque cada firma obtenida servirá también para otros cuatro candidatos, con lo cual bastará lograr menos de 15 mil apoyos por parte de cada uno, lo cual es absolutamente contrario a la legislación. Sería un sindicato de candidatos independientes que ya no serían independientes.

Las candidaturas indepedientes fueron un logro democrático en tanto que permiten la postulación de ciudadanos y ciudadanas en lo individual que no forman grupos o partidos. Así, el derecho al voto pasivo es mucho más completo. Por ello es muy grave la conversión de un derecho ciudadano en una grosera maniobra del poder público para tratar de engañar a los electores y obtener una ilegítima ventaja electoral.

El propósito de obtener el control presidencial de más de un tercio de la Asamblea Constituyente obedece a la decisión de impedir que se establezcan derechos y sistemas democráticos que no han querido ser admitidos para el país y para los estados. Se trata en efecto de un intento de veto de Los Pinos sobre la Constitución de la Ciudad de México ya que las decisiones de la Asamblea Constituyente serán tomadas con mayoría de dos tercios. Bastaría un tecio más uno para vetar cualquier nuevo derecho social o democrático.