MANCERA TOLERA, ACOSO LABORAL, DESPIDOS INJUSTIFICADOS Y CONTRATOS INJUSTOS
Malas condiciones laborales entorpecen óptima prestación de los servicios y programas públicos a la ciudadanía, y existe ilegalidad laboral por violación a los principios de igualdad y lo que se estipula en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo.
Miguel Ángel Mancera “no es el paladín de los derechos laborales al someter a los servidores públicos del Gobierno capitalino a contratos irregulares, acoso laboral, despidos injustificados, salarios por debajo de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México, (78.68 pesos diarios), imposición de la Nómina ocho y más de siete mil laudos acumulados sin atención desde hace más de 10 años”.
Durante una conferencia de prensa la Diputada de MORENA, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ana Juana Ángeles Valencia, acompañada de dirigentes del Movimiento de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal (MTGDF), Rodrigo García Elizalde y Fernando Hernández expresaron que no existen condiciones de acceso a la justicia laboral.
La Diputada reconoció que la situación de los trabajadores en algunos casos raya en lo ilegal por violar los principios de igualdad y lo que se estipula en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que indica que “a trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual”.
Recordó que el 15 de enero pasado más de 200 trabajadores del MTGDF, de 11 Unidades Administrativas del GDF se reunieron en el Salón Benito Juárez de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) donde evidenciaron las sobre cargas de trabajo, pésimas condiciones de seguridad e higiene, sobre todo en el Servicio de Limpia de las 16 delegaciones.
Consideró que las malas condiciones materiales para laborar entorpecen la óptima prestación de los servicios y programas públicos que por obligación debe otorgar con eficiencia el GDF a la ciudadanía.
Ángeles Valencia, al expresar el firme respaldo a las más sentidas demandas y propuestas de solución, argumentó que no permitirá una explotación laboral maquillada de progreso ni más injusticias a las que son sometidos los trabajadores.
Rechazo que la contratación de trabajadores esté en función del pago de cuotas de poder, amiguismos o como señuelo para afiliarse al PRD, de igual manera sostuvo que Morena reprueba la venta de plazas como sucede en algunas áreas.
En su oportunidad Rodrigo García Elizalde, vocero del MTGDF, dio a conocer que la administración de Miguel Ángel Mancera no atiende los siete mil laudos acumulados en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y que del total sólo 100 están en litigio, de los cuales ninguno es favorable para los demandantes.
Francisco García habló del despido de 30 mujeres del Instituto de la Mujer (INMUJER) y destacó que la titular de la dependencia, al iniciar la primera quincena de febrero, sometió todas las plazas a concurso cuando en enero ya les había dado continuidad laboral a los trabajadores dejando sin empleo a muchos servidores para contratar a nuevo personal.
García destacó que la convocatoria del concurso fue hecha a través de un espacio extraoficial en Facebook con el nombre de INMUJERES y destacó que la mayor parte de los nuevos trabajadores no cumplen con los perfiles que reclaman los puestos laborales.
Fernando Hernández hizo notar que ocho bomberos fueron despedidos por denunciar actos de corrupción en torno a lograr la verdadera estabilidad laboral y no por la permanencia de una Nómina 8 insensible de Mancera.
También informó del despido de 45 tutores del Instituto de la Juventud (INJUVE) por negarse a ser evaluados mediante un proceso destinado a enfermos mentales (a través del Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota), para medir su perfil de personalidad y detección de psicopatologías para que continuaran asesorando personalmente a jóvenes en situación de drogas.
En su oportunidad, Guadalupe Carrasco, ex trabajadora del Outsourcing Rodman, destacó las artimañas de esta empresa para no pagar el aguinaldo a más de 368 afanadoras correspondiente a 2015 al cambiar de razón social como Watt, el 8 de enero de 2016, frente a lo cual interpusieron una demanda laboral en contra de dicha empresa que es representada por el Juez Pablo Franco, quien mantiene congelado el litigio.