CREACIÓN DE UN BANCO DE ADN CIUDADANO
Ante la desconfianza de víctimas hacia las instituciones, es necesario la creación de un Banco Internacional de “ADN”, y debe estar encabezada por un Consejo Ciudadano, y es urgente aprobar la Ley General Contra la Desaparición Forzada.
El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda, promoverá la creación de un Banco Nacional de ADN, lo anterior por la desconfianza que prevalece en contra de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, y como un reclamo ciudadano que demandan tener leyes que tomen en cuenta a las víctimas.
Luego de reunirse Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violación de Derechos Humanos en México, el diputado federal consideró que es muy importante hacer partícipes del proceso legislativo de dicha ley a quienes hayan perdido a un familiar.
Ante la activista que ganó un juicio ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) por la desaparición de su padre Rosendo Radilla, durante la guerra sucia de los años 70, Ojeda propuso la creación de un Consejo Ciudadano, mismo que estaría encargado de operar dicho Banco Nacional de ADN y estaría integrado por defensores de derechos humanos, familiares de desaparecidos y especialistas.
Refirió que ante las críticas de organismos internacionales por considerarnos un país donde imperan las violaciones a los derechos humanos y un alto grado de impunidad, es menester demostrar con hechos que se trabaja de manera seria y comprometida en impulsar leyes que defienden las garantías individuales.
Comentó que la experiencia ha demostrado que existen serias limitantes en la investigación de parte de las instituciones del Estado, debido a que no tienen un marco normativo profesionalizado para abordar la problemática, pues en las investigaciones por desaparición forzada prevalecen la inexistencia de datos fidedignos.
Agregó que es notable la poca confianza en las autoridades locales y federales, de tal manera que a partir de estos limitantes las familias han insistido en que debe haber una presencia ciudadana para garantizar que las investigaciones se hagan adecuadamente.
Tras reiterar su llamado a sacar adelante la Ley General Contra la Desaparición Forzada, el perredista sostuvo que en el proceso de discusión y elaboración del dictamen correspondiente debe estar abierto a las propuestas ciudadanas, particularmente a quienes han sufrido la pérdidas de algún familiar, pues su experiencia puede enriquecer el proyecto.
Al manifestar que no se quiere una ley ajena a las personas que se han movilizado para buscar a sus familiares desaparecidos, el diputado Alejandro Ojeda aseveró que la confianza que se llegue a tener en este Banco Nacional de ADN Ciudadano, radicará en que debe ser 100 por ciento confiable, al estar en las manos de la sociedad civil y no en las instituciones gubernamentales.
Subrayó que la Ley General Contra la Desaparición Forzada, debe hacerse con las víctimas y para las víctimas, y en ello empeñó sus compromisos, primero en seguir insistiendo en que debe aprobarse a la brevedad esta legislación, y segundo que en la redacción de la ley esté plenamente representado el sentir de los familiares de la víctimas.
Manifestó que es fundamental la creación de un banco nacional de ADN y de un registro nacional de personas desaparecidas, además de que puedan coadyuvar en las investigaciones sin importar la nacionalidad, ni el país de residencia de las familias de los desaparecidos.