Elsabueso Mexiquense
Desorden de la administración pública
El mal uso del erario y el desorden en la administración pública se encuentran presentes en todos los espacios y niveles de gobierno en México. El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, presentado recientemente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ofrece un panorama general de la problemática de los manejos en el Estado mexicano: ausencia de control sobre la información de los beneficiarios de los distintos programas sociales; opacidad en los estados financieros; discrecionalidad del Ejecutivo federal para modificar partidas presupuestales; malas prácticas en planeación, contratación y ejecución de obra pública; subejercicios ilegales en el gasto gubernamental, particularmente en estados y municipios; programas públicos duplicados y descoordinados, entre otras cuestiones.
Muchas de las contrahechuras e ilegalidades, a decir del órgano fiscalizador federal, se explican por las deficiencias de los sistemas de control interno en las entidades fiscalizadas, sin olvidar las fallas en el diseño de la normatividad que regula el contexto de acción del sujeto auditado. Sin embargo, un tema merece un tratamiento más concienzudo: la fiscalización del gasto federalizado, es decir, la revisión de los recursos presupuestales trasferidos de la Federación a los estados y municipios. En este renglón, para decirlo rápido, se encuentra un reporte serio, documentado e implacable de las peores prácticas presentes en la administración pública; responsabilidad no solo de estados y municipios sino de los poderes Ejecutivo y Legislativo federales.
A la vista, salta de inmediato que las capacidades de la Auditoria Superior para fiscalizar el gasto federalizado son limitadas. De acuerdo con los datos de la institución, en el 2014 el gasto federalizado ascendió a 1 610 865.3 millones de pesos (mdp), de los cuales 63.7% correspondió a gasto programable o transferencias condicionadas en su destino y 36.3% a gasto no programable o participaciones federales, que son recursos no condicionados en su aplicación. Pero la Auditoria Superior de la Federación solo tiene facultades para fiscalizar.
A partir de los fuertes problemas en la gestión del gasto federalizado la Auditoria Superior plantea una serie de “recomendaciones” a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales en torno a modificaciones específicas y generales al marco normativo del gasto federalizado y de distintos fondos y programas federales y subnacionales. Diversos cambios jurídico-institucionales, positivos en muchos aspectos, se desprenden de la reforma constitucional que establece el Sistema Nacional Anticorrupción, como lo es la facultad de la ASF para fiscalizar los ejercicios en curso y anteriores y la ampliación del universo auditable debido a la inclusión de las participaciones federales.
Sin embargo, todo ello servirá de poco sin un compromiso visible por parte de los titulares de los poderes de la Unión, los gobernadores, los presidentes municipales y los titulares de los entes públicos en general, no solo con la implementación de sistemas de control en el uso de los recursos públicos sino con la observancia y aplicación de la legalidad. Porque, sin ello, es bastante probable que prevalezca el federalismo disfuncional y la atrofia generalizada en el funcionamiento del Estado mexicano.
elsabuesomexiquense@gmail.com 11032016