COMERCIANTES OBLIGADOS POR EL GCDMX A DELINQUIR

Mediante falsas promesas y con lujo de violencia el Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), despojo de sus locales y mercancía a decenas de comerciantes de ropa usada, y ahora se niegan a devolverles sus pertenencias y reubicarlos.

David Arévalo, dirigente del Frente Nacional del Comercio informal (FNCI), afirmó que no apoyarán al Constituyente si no encuentran plasmados en la nueva constitución los derechos del comercio informal en la Ciudad de México (CDMX).

Acompañado de representes de organizaciones de vendedores de vía pública y plazas comerciales del Centro Histórico y otras partes de la capital, al Gobierno capitalino de reprimirlos para quitarles sus fuentes de ingresos.

Explicaron que unos 10 mil capitalinos han sido desalojados de sus lugares de trabajo sin que se les hayan ofrecidos alternativas que les permitan una vida digna, violando de esa forma sus derechos humanos.

Los comerciantes fueron desalojados de su mercancía y de las tres plazas comerciales que el propio gobierno capitalino le había entregado a partir de 2007.

Los integrantes de más de 80 organizaciones del comercio informal en la CDMX advirtieron que lo único que hicieron las autoridades del Gobierno capitalino es quitarles una fuente de trabajo para vivir dignamente a miles de comerciantes.

Ahora representan un verdadero peligro, porque estas personas al no encontrar una forma digna de vivir podrían incorporarse a la delincuencia organizada.

Los aspirantes a la Asamblea Constituyente , también están en el ojo del huracán, porque serán desechados por los comerciantes ambulantes que tanto daño les han hecho.

David Arévalo recordó que poco más de 10 mil personas se han quedado si su fuentes de ingresos luego del desalojo de las Plazas Vizcaínas y San Antonio Abad I y II, estas dos últimas mejor conocidas como “Las Pulgas”.

Además también han sido desalojados los vendedores de zonas como el Centro Médico, Insurgentes, San Cosme, Tacuba, Tepito, Plaza Universidad, La Merced.

En la mayor de las incongruencias del gobierno capitalino, es que por un lado dice que ha producido una gran cantidad de empleos, pero no se daqn cuenta de las personas que han quedado sin trabajo.

Recalco David Arévalo que las 10 mil comerciantes y sus familias que vivían de la venta en las calles y que ahora mediante el uso de la fuerza pública se les obligó a quedar en el desempleo y perder le fuente de ingresos que les permitía llevar una vida digna.

Los comerciantes informales desalojados por el Gobierno de la CDMX de las plazas Comerciales I y II de San Antonio Abad, también llamados de “Las Pulgas”, de Tacubaya, Centro Médico, Plaza Universidad, Plaza Vizcaínas, Insurgentes, La Merced , Tepito, a los que además le fue robada su mercancía bajo el argumento de que era ilegal, acusaron al Gobierno de la Ciudad de México de haber violado sus derechos humanos y actuar de manera ilegal al despojarlos de su fuente de ingresos.

Durante la conferencia de prensa, también intervinieron los dirigentes de comerciantes informales Armando Becerril, Luis Ávila y Raymundo Pérez López, el primero aseguró que fueron 400 las personas desalojadas de las plazas comerciales de Plaza Vizcaínas y San Antonio Abad I y II, que además tenían sus locales en propiedad, de acuerdo al programa de reordenamiento del comercio informal de 1997, cuando fueron entregadas por quien a la postre fuera jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.

Becerril aseguró que temen que el gobierno de la ciudad tenga en mente el desalojo de más plazas comerciales, mismas que serían entregadas al capital transnacional, a través de franquicias, quitando el lugar a quienes diariamente se ganan una vida digna en las calles de la CDMX.

Por ello, los dirigentes y comerciantes formales e informales desalojados mediante el uso de la fuerza pública unirán fuerzas y mediante el diálogo pacífico y los recursos legales que la Ley y los derechos humanos les otorgan, buscarán que los reintegren a sus lugares de trabajo o alternativas viables que les permitan la vida digna que la Constitución garantiza a todos los mexicanos.