GOBIERNO DE CDMX OMISO E INEFICAZ
La ciudadanía desconfía de las autoridades en la Ciudad de México (CDMX), porque la Secretaría de Gobierno, PGJDF y la SSPDF acumulan el 64.3 por ciento de las quejas ante Derechos Humanos de la Capital, y no pasa nada.
El Grupo Parlamentario del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), lamenta que el gobierno de la CDMX sea omiso, ineficaz e intratable para proveer los servicios públicos a los ciudadanos, lo que es considerado violatorio de los Derechos Humanos.
La Diputada del PRI, Dunia Ludlow Deloya, dijo lo anterior al fijar el posicionamiento del GP-PRI en la comparecencia de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Perla Gómez Gallardo, ante el Pleno de la ALDF, la legisladora mencionó que de las ocho mil 139 quejas presuntamente violatorias de los derechos humanos, presentadas en este año, la mayoría, el 64.3 por ciento, están dirigidas a las dependencias encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos, como son la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.
Dunia Ludlow sostuvo que el ciudadano tiene todo el derecho de BALCONEAR, si es necesario, a toda autoridad que no haga debidamente su trabajo. Y la autoridad, por su parte, debe ser suficientemente creativa, sin vulnerar las garantías individuales, para fomentar la cultura de la legalidad.
“En mi bancada sabemos de la imperiosa necesidad de implementar acciones que conlleven a generar nuevos esquemas de intervención y procesamiento, con el uso de nuevas tecnologías, que son una herramienta eficaz para el combate frontal a la corrupción, a la falta de transparencia y al exceso de autoridad”, señaló.
El Grupo Parlamentario del PRI comparte la exigencia con respecto a que se debe crear un marco de leyes y procedimientos que permitan, de forma segura y formal, el uso de las tecnologías de la información, como periscope, argumentó Ludlow Deloya.
En ese sentido, la bancada del PRI propuso lo siguiente:
1. Que la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Transparencia, ambos de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas atribuciones, presenten lo antes posible un protocolo que regule el uso de las tecnologías para presentar denuncias que no violen el derecho a la integridad de las personas, ni ningún otro derecho humano.
2. Que se realice una propuesta de manera conjunta con la Comisión que dignamente preside y esta Asamblea Legislativa, para adecuar el marco normativo de las distintas leyes que deberán ajustarse, para regular las denuncias a través de las herramientas tecnológicas.
No podemos permitir que las autoridades actúen fuera del marco de la ley; tampoco se puede permitir que la inercia sea la que decida lo que está permitido y lo que está prohibido.