AUMENTA LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN MEXICO

Desapariciones y homicidios tienen un alto impacto en la vida de la niñez, y para prevenir y atender la violencia contra la infancia son necesarias definiciones institucionales, presupuesto y voluntad política.

Lo anterior fue señalado en el marco de su 15 Aniversario, la #REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México, durante la Primer Conferencia Nacional por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes “Infancia sin violencia”.

Se analizaron expresiones de esta problemática tales como las desapariciones, el reclutamiento forzado, homicidios, trata de personas, feminicidios entre otros los cuales tienen un alto impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes y que requieren para su prevención y atención definiciones institucionales, presupuesto y voluntad política.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que trabajan con población ratificaron la agudización de la violencia, reconocieron el trabajo de las autoridades pero señalaron insuficiencia y uno de los grandes retos a enfrentar, la impunidad.

Expresaron su preocupación porque pese a que ya se han instalado un número importante de Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ha sido sin la participación de las OSC.

Durante su participación Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reconoció que los Derechos Humanos son el eje de la agenda en prácticamente todos los países del mundo.

Destacó la complejidad de los casos de derechos humanos ya que implican sufrimiento y vulnerabilidad de las víctimas y donde gobernantes y gobernados deben hacer un esfuerzo para resolver estos problemas comunes.

El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Ricardo Bucio Mújica, señaló como un riesgo la normalización social de la violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, que en determinados contextos llega a justificarse y ser asumida como un mecanismo de interrelación con las demás personas de la sociedad, lo cual no permite que exista un llamado de alerta para atender la problemática entre autoridades y la sociedad en su conjunto.

Por esta razón, indicó Bucio Mújica, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) otorga responsabilidades a las autoridades de los tres órdenes y niveles de gobierno, al sector privado y a las organizaciones de la sociedad civil para que, en el ámbito respectivo de atribuciones, se logre transversalizar las perspectivas de protección integral y especial de derechos que indica esta Ley General.

Juan Martín Pérez, Director Ejecutivo de la REDIM destacó la importancia de la nueva LGDNNA y que en el proceso de instalación de los Sistemas de Protección se cuente con espacios de participación de sociedad civil que ya se encuentran mandatados por Ley.

Reconoció que “la nueva institucionalidad tiene que dar respuesta a la realidad que vive el país en términos de violencia sobre todo en prevenir, atender y evitar la violencia contra niñas, niños y adolescentes”.

En su intervención el Representante Adjunto de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU), Jesús Peña, dijo que no puede haber concesiones en el rechazo a la violencia contra los niños y las niñas y que su especial condición de vulnerabilidad da cuenta de más inversión y medidas de prevención y protección contra la violencia.

Las observaciones finales del Comité sobre los Derechos del Niño (CRC por sus siglas en inglés, 2015) deben ser una hoja de ruta para las acciones a adoptar en el tema de la violencia.