VÍNCULOS DEL CRIMEN ORGANIZADO CON CANDIDATOS DE TAMAULIPAS.

Tras las acusaciones hechas por el PRI y el PRD sobre la presunta vinculación de grupos delincuenciales con candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), debe investigar a fondo estas denuncias que enturbian el proceso electoral en esa entidad.

El Diputado Federal Juan Romero Tenorio, también hizo un llamado a los institutos Nacional Electoral (INE), y Electoral del Estado de Tamaulipas (IEET), para que garanticen la seguridad y libertad de acción de los candidatos durante sus campañas, así como de los miembros de partidos políticos que participan en el actual proceso electoral en la entidad norteña.

El integrante del Grupo Parlamentario de Morena presentó un Punto de Acuerdo para que el organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) investigue los hechos denunciados por dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en contra de Reyes Wenceslao Zúñiga Vázquez, Gustavo Estrella Cabrera y Luis Cesáreo Aldape Lerma, ex candidatos del tricolor a las presidencias municipales de Hidalgo, Villagrán y Mainero en Tamaulipas, respectivamente.

Ello, dijo, porque dichos aspirantes fueron señalados de tener una relación cercana con la delincuencia organizada, ya sea por haber sido amenazados o comprados por el crimen organizado, por lo cual el Revolucionario Institucional decidió retirarles la candidatura y expulsarlos del partido.

En su documento, Romero Tenorio señala que la FEPADE debe investigar además las denuncias que hizo Alberto Sánchez Nery, líder del PRD en Tamaulipas, por supuestas amenazas del Cártel del Golfo y Los Zetas a sus candidatos, para que declinaran y apoyaran la campaña de Francisco García Cabeza de Vaca, aspirante del PAN a la gubernatura del estado.

Ante estos hechos que enturbian el proceso electoral en Tamaulipas, el legislador de Morena explicó que el Artículo 4 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales determina que el Ministerio Público, en todos los casos, procederá de oficio con el inicio de las investigaciones por los delitos previsto en ese ordenamiento.

Juan Romero resaltó que el Artículo 7 de la misma ley establece que se impondrán de 50 a 100 días de multa y de seis meses a tres años de prisión a quien, mediante violencia o amenaza, presione a otro a asistir a eventos proselitistas, o a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, durante la campaña electoral, el día de los comicios o en los tres días previos a éstos.