RED DE “EMPRESAS FANTASMA” DEL GOBIERNO DE JAVIER DUARTE
La Auditoría Superior de la Federación (ASF), debe auditar todos los proyectos, concesiones y contratos de dichas compañías, por el desvío de recursos federales por más de 645 millones de pesos.
Los diputados Rocío Nahle y Virgilio Caballero del Partido Morena, señalaron que es un hecho más de corrupción del actual gobernador priista que sale a la luz pública, en una entidad lacerada por la inseguridad, la delincuencia y el mal gobierno.
Indicaron que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz debe informar las acciones que llevará a cabo sobre la red de empresas fantasma creada en la administración del gobernador Javier Duarte, para desviar recursos federales –por casi 650 millones de pesos– de programas sociales de combate a la pobreza.
La Coordinadora y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena también pidieron a la ASF que realice auditorías a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que hayan participado o participen actualmente al menos 21 empresas, entre ellas Abastecedora Romcru; Carrirey; Marvercar; Ravsan Servicios Múltiples; Bloques 2DM; Anzara; Grupo Balcano y Desarrolladores Mercalim.
Recordaron que un reconocido portal de noticias dio a conocer, el pasado 24 de mayo, una investigación sobre cómo el actual gobernador veracruzano había entregado más de 645 millones de pesos a más de 20 empresas fantasma, que fueron creadas desde el inicio de su administración.
Ambos legisladores informaron que presentaron un Punto de Acuerdo ante la Comisión Permanente, para que el órgano fiscalizador estatal informe sobre esta red de corrupción y los funcionarios involucrados, ya que se trata de un grave daño al erario público.
“Es un hecho más de corrupción de Javier Duarte de Ochoa que sale a la luz pública, en una entidad lacerada por la inseguridad, la delincuencia y el mal gobierno”, coincidieron.
En ese sentido, destacaron que la investigación permitió ver la forma en que el Gobierno de Veracruz entregó a supuestas empresas recursos públicos para aparentemente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos que se destinarían a damnificados por desastres naturales, o para personas en situación de pobreza.
Nahle García y Caballero Pedraza señalaron que la ASF también deberá informar al Congreso de la Unión las acciones tomadas hasta la fecha acerca de “la auditoría financiera con enfoque de desempeño: 12-A-30000-14-0551 del Informe de la Cuenta Pública 2012, que involucran 631 millones de pesos que el gobierno veracruzano no pudo comprobar y su probable daño o perjuicio, o ambos, a la hacienda pública federal”.
Además, subrayaron, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz tendrá que notificar a la Comisión Permanente sobre las acciones realizadas a la fecha acerca de los expedientes 094/2013, 095/2013, 096/2013 y 097/2013, generados a partir de observaciones de la ASF en dicho Informe de 2012.
Los diputados Rocío Nahle y Virgilio Caballero resaltaron que su Punto de Acuerdo incluye una quinta solicitud: que la Comisión Permanente exhorte a las Secretarías veracruzanas de Desarrollo Social, de Educación y de Protección Civil, así como el DIF estatal, para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos con las mencionadas empresas.
Al respecto, comentaron que el procedimiento que usó el gobierno de Javier Duarte fue simple. “Al arranque del sexenio se seleccionó a promotores del voto del PRI; se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa”, explicaron.