CONCLUYEN TALLERES INTERINSTITUCIONALES DEL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES

En el Penal Federal Islas Marías, concluyeron los talleres interinstitucionales implementados en todo el país, con el objetivo de fortalecer las capacidades y habilidades de los servidores públicos, en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En el marco del Plan Nacional de Capacitación para policías y como parte de la última fase de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales a nivel federal, la Comisión Nacional de Seguridad, terminó con esta tarea.

Ante integrantes de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Instituto Federal de Defensoría Pública, la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Policía Federal, Servicio de Protección Federal y del Poder Judicial, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la CNS, llevó a cabo la simulación de un delito, en el que se desarrolló el resguardo, el procesamiento del lugar de los hechos y la conclusión en audiencia del mismo hecho, con el propósito de aplicar los conocimientos teórico-prácticos de los policías, para el cumplimiento de sus atribuciones.

A 6 días de que entre en vigor a nivel nacional la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la Lic. Mireya Barbosa Betancourt, titular de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional la CNS, aseguró que con estos ejercicios se fortalece la adecuada intervención de los servidores públicos y sus capacidades, para establecer un esquema eficaz entre los organismos de seguridad y justicia en todo el país.

“Todas las corporaciones de policía del país, fortalecen su profesionalización en las técnicas de actuación, investigación, resguardo de pruebas, y en general de todas las acciones que tienen que desarrollar como la institución encargada de prevenir el delito y proteger a la ciudadanía”, aseveró.

En este marco, destacó que dichos ejercicios se realizaron en el Archipiélago de Islas Marías del 8 al 10 de junio y de manera simultánea en los estados de Baja California, Guerrero, Jalisco, Tamaulipas, como un espacio idóneo para representar los avances y retos que la implementación de la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia Penal demanda, bajo los lineamientos de los Protocolos Nacionales de Actuación y de Primer Respondiente.

Por su parte el Lic. Antonio Molina Díaz, Director del Centro Penitenciario Islas Marías, destacó la importancia de un nuevo Sistema de impartición de Justicia Penal con calidad, el cual, dijo, debe ser apegado al compromiso y responsabilidad de todos los participantes.

En este sentido destacó que la próxima publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ha sido adoptada en la actuación de este centro penitenciario, bajo la premisa de alcanzar la reinserción social, con el cumplimiento irrestricto del respeto a los derechos humanos de los internos, como parte de la Estrategia Integral emprendida por la Comisión Nacional de Seguridad.

El Director General de Política para el Desarrollo Policial, Mtro. Jorge Sánchez Arellano, resaltó que con la implementación de estos casos teórico-prácticos interinstitucionales en las 32 entidades federativas y en el Archipiélago Islas Marías, por parte de la CNS, ha permitido medir el nivel de capacitación y coordinación interinstitucional de todos los operadores involucrados en la impartición de justicia, de cara al próximo 18 de junio, con el objetivo de consolidar el nuevo Sistema de Justicia Penal.

En la primera etapa del ejercicio, personal de la corporación, integrados al Grupo de capacitadores, escenificó un caso de posesión de droga con el propósito de recrear las nuevas facultades que tendrán las policías, como son garantizar el adecuado manejo de los indicios, la obtención suficiente y detallada de información, así como el registro de ésta en los formatos respectivos para su incorporación dentro de la investigación y juicio.

Asimismo, se mostró la forma en que el policía deberá proteger el lugar de intervención e indicios/elementos materiales probatorios visibles y no visibles, mediante la detección de riesgos y amenazas; con el acordonamiento, a fin de evitar que se destruyan, alteren, modifiquen o contaminen; y en su caso realizar el procesamiento respectivo acorde al protocolo en la materia.