LA POLÍTICA... CON VISTA AL MAR
EN 12 AÑOS SE HUNDIÓ FINANCIERA Y SOCIALMENTE VERACRUZ
En los últimos 12 años, en Veracruz el estado de derecho se arrinconó en el desván de lo inútil; el ejercicio público Fidel-Duarte privilegió la opacidad, se regodeo en la triquiñuela, la compra, la simulación y la mentira, ejerció las amenazas e implementó el miedo como mecanismo para disminuir las oposiciones y establecer un estado cleptocrático que hundió financiera y socialmente a la entidad y canceló su desarrollo.
Muchos los problemas y complejas las soluciones ante las frágiles condiciones institucionales que deja la administración saliente, después de casi doce años de descomposición, abuso, insensibilidad y desfachatez, lo cual queda en evidencia con la desvergüenza de un gobierno que, obcecado en sus mentiras, enarbola discursos increíbles y/o contradictorios; de la reconciliación a la perorata bravucona, del saqueo flagrante a reformas constitucionales anticorrupción justo antes de irse para que no se les apliquen.
La corrupción y la impunidad imperante en doce años son mucho más que un problema de moral o de simple disputa político-partidista, es un omiso ejemplo del amplio control y privatización de las actividades y los recursos públicos, encubriendo la malversación, desvío o transferencia de recursos a personas físicas o morales bajo su personal dominio, construyendo fortunas que solo se explican si y solo si hubo un manejo discrecional del presupuesto y de las meta a cumplir.
El voto veracruzano palpable el pasado 5 de junio puede tener varios o muchos componentes para haberse presentado como lo hizo pero sin duda uno de ellos pesa significativamente, el hartazgo ante tanta y tan evidente corrupción y ante una impunidad que blindó las prácticas cotidianas de una clase política que ahora debe ser llevada ante la ley.
Por lo menos 7 de cada votantes espera que las cosas cambien, que se detenga la corrupción y se aplique la ley. La alternancia en el gobierno estatal veracruzano debe de estar a la altura de una
petición precisa y contundente: los que saquearon el patrimonio de todos deben enfrentar la ley y pagar las consecuencias de sus actos u omisiones, no más pero no menos.
No debe abordarse como un mecanismo de venganza o revanchismo político que degrade su aplicación como instrumento de control, sino simplemente como el rescate del marco jurídico vigente y aplicable a todos los actos de la administración pública y también se requiere implementar los mecanismos que brinden prevención y sanción ante cualquiera que pretenda continuar con esas prácticas.
El reto no es menor y para enfrentarlo se tiene que contar con un ejemplar comportamiento de los funcionarios que vendrán y una amplia y vital convocatoria a la participación ciudadana que goce no solo del espacio sino de los mecanismos que la hagan útil para la supervisión, evaluación y seguimiento de las acciones de gobierno.