URGE PRIVILEGIAR EL DIÁLOGO Y RESPETAR LOS DERECHOS HUMANOS

En los días recientes se han desarrollado una serie de movilizaciones en los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Ciudad de México (CDMX), para protestar en contra de la implementación de la reforma educativa y plantear las reivindicaciones políticas de las y los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que a su vez han contado con el apoyo de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).

En el caso de la CDMX, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) tiene conocimiento de que el pasado 20 de junio se realizaron detenciones en contra de personas que se manifestaban en la representación de Oaxaca por la represión ocurrida en contra de las y los integrantes de la CNTE que realizaban un bloqueo carretero en Nochixtlán, Oaxaca.

La CDHDF ha emitido desde el 15 de mayo pasado, 13 solicitudes precautorias a las autoridades de la Ciudad; en 3 ocasiones ha dado vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) porque en los actos reclamados están involucradas autoridades de carácter federal; y el 26 mayo y 10 de junio de 2016 implementó operativos de monitoreo en terreno con la participación de más de 60 integrantes de esta institución; por último, se han radicado tres expedientes de queja contra autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF).

A este respecto, la CDHDF urge a las autoridades capitalinas a garantizar el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la protesta social y a la libre documentación en las marchas, en condiciones de libertad y seguridad para quienes participen en ellas, tal como lo ha señalado en sus Recomendaciones emitidas.

En cuanto a lo ocurrido en Nochixtlán, Oaxaca, este Organismo condena los hechos ocurridos durante el operativo policial y llama a priorizar el diálogo y consenso antes que la violencia y coincide con los organismos de derechos humanos internacionales en cuanto a que las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones a la integridad personal.

En este mismo sentido, este Organismo concuerda con la pertinencia de aprobar una Ley General sobre el Uso de la Fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantice la existencia de un Estado que, apegado al cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, reconozca que las demandas del magisterio no se contraponen al derecho a la educación.

De manera adicional, este Organismo se suma a todas las peticiones de Organizaciones de la Sociedad Civil nacional e internacional, académicos y líderes sociales para posicionar el diálogo abierto y democrático como la vía para lograr acuerdos en los contextos de crisis social y hace un llamado puntual a la Secretaría de Seguridad Pública local para que se eviten situaciones de “controles” de revisión a los autobuses en que pudieran estar trasladándose personas que desean manifestarse en la Ciudad o realizar “revisiones” personales y a las pertenencias de las y los profesores, pues estas situaciones atentarían contra la posibilidad de que se realicen manifestaciones pacíficas.

Esta Comisión es un Organismo Autónomo encargado de velar por el respeto de los derechos humanos, por ello exhorta de manera pública a la SSP capitalina para que esté atenta a la forma en la que se han venido implementando sus operativos, revise las órdenes y evite en todo momento que con su actuación se violenten los derechos humanos de las personas que habitan, transitan y arriban a esta Ciudad.

La única forma de atender las demandas del magisterio es por la vía del diálogo y no generando más encono ni más enfrentamientos estériles; la muestra de civilidad tiene que empezar en el Estado como ente obligado a respetar los derechos humanos de manera ineludible.

Esta Comisión se mantendrá en alerta permanente a efecto de verificar que las autoridades de la Ciudad de México cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos en el marco de las protestas sociales.