“REPRESORA” LA ENMIENDA A LA LEY DE MOVILIDAD
Si bien es de observar que el Constituyente “iluminati”, está corrigiendo conjeturales vacíos para “enriquecer” el mamotreto que tendrá como Constitución la Ciudad de México, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea Legislativa (ALDF), anunció que propondrá retirar de la Ley de Movilidad la palabra "ilícitos" derivado del derecho de libre manifestación, pues el anuncio de la realización de una protesta o de una concentración no debe exacerbar el ánimo público en contra de quienes se manifiestan pacíficamente y no debe darse ningún margen a la criminalización de la protesta.
Al comentar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar constitucional el artículo 212 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que señala que quien quiera realizar una marcha o manifestación debe avisar a las autoridades pertinentes sobre la celebración de las mismas con 48 horas de anticipación, pues no se coarta la libertad de manifestación ni de expresión de las personas, dijo que “avisar no es pedir permiso, sino informar para prever”.
“La palabra que no me gusta es la que se refiere a ilícitos, esa palabra no debe ir ahí, y vamos a proponerles a la Asamblea que se pueda modificar, pero sin duda las 48 horas de las que habla la Ley de Movilidad, servirán para que se pueda planear el acompañamiento de las marchas y la gente pueda tener conocimiento previo. No se trata de restringir en ningún momento la protesta”, señaló el líder perredista de la Ciudad de México, Raúl Flores García.
Dijo que contrario a las voces que señalaban como anticonstitucional el requisito de avisar con antelación sobre la realización de una marcha o manifestación, el periodo de 48 horas que prevé la Ley de Movilidad deben servir para que las autoridades den una solución positiva a las demandas que eviten que la gente tenga que recurrir a permanecer horas enteras bajo el sol en condiciones deplorables sin que la mayoría de las veces se les resuelvan sus demandas.
Tras recordar que en la Ciudad de México se realizan en promedio 20 marchas al día y de ellas el 80 por ciento corresponden al ámbito federal, el también presidente del PRD en la Ciudad de México exigió que el gobierno de Enrique Peña Nieto atienda esos reclamos en el ámbito de sus atribuciones, pues si la autoridad cumpliera con sus obligaciones no habría necesidad de recurrir a protestas en la vía pública, o si estuvieran los canales de diálogo abiertos todo el tiempo eso facilitaría las cosas y no habría necesidad tanto encono y hartazgo de la gente.
En este sentido, Raúl Flores pidió hacer una clara distinción entre lo que son las manifestaciones que persiguen mejores condiciones sociales para determinados núcleos y otras que simplemente realizan grupos de presión con el fin de satisfacer intereses particulares o incluso políticos.
“Hay marchas como la que se realiza cada 2 de octubre, que son emblemáticas porque representan luchas sociales, pero hay otras que organizan personas corruptas como los líderes de los 400 Pueblos que utilizan el cierre de calles y bloqueos para intereses particulares”.
El diputado local perredista dijo que sería irresponsable decir que las marchas no afectan a la gente pues “¡claro que afectan!”, y no a los intereses del gran capital ni de quienes detentan el poder político y económico en este país, sino los derechos de las y los trabajadores, como ha sucedido con los plantones a los que se ha orillado a la CNTE, que han afectado el ingreso de miles de familias de los empleados de cientos de negocios que tiene que llevar sustento a sus casas.
“Si alguien piensa, como sucede en el retorcido mundo de Morena, que el ideal de la política, de la vida y de la convivencia es marchar, está cayendo en un error. Que desgracia que la gente sea obliga a recurrir a las marchas para hacerse visibles ante la miopía del poder, y lo más frustrante es que si midiéramos el éxito de las marchas para lograr justicia, sin duda el resultado sería muy poco favorable para el grueso de la población. Y aún peor, las marchas en aras de darle solución a conflictos, generan serias afectaciones a terceros, como ocurrió en el plantón que organizó Andrés Manuel en el 2006, cuyo resultado no fue que le reconocieran (‘su’) triunfo sino que al menos cuatro mil personas perdieran su empleo”, concluyó.
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