EL PRESIDENTE ES VÍCTIMA DE SUS ERRORES, NO DE LAS CRÍTICAS

No sólo es el PRD el que cuestiona la actuación del Ejecutivo Federal, sino toda la población por los resultados de pésimos y porque que no ha respetado ni sus promesas de campaña ni su programa de gobierno.

En el GPPRD coincidimos con los priistas en la necesidad de respetar la institución presidencial y, para empezar, proponemos que el propio titular del Ejecutivo Federal lo haga, pues con su involucramiento en conflictos de interés, su entreguismo de los recursos nacionales, la traición a su programa de gobierno y, en suma, con sus pésimos resultados, es el primero en deshonrar el cargo.

El Diputado federal Omar Ortega Álvarez, dijo que el presidente es víctima de sus errores, no de las críticas, mismas que cuando están fundadas y son con respeto, deben tomarse en cuenta.

En el PRD –agregó- sabemos que forjar la institución presidencial, como parte del Estado Mexicano, ha costado a lo largo de nuestra historia muchos esfuerzos, luchas y sangre, y por lo mismo nos preocupa que, a los ojos de la población, el presidente Enrique Peña Nieto sea el peor evaluado, según revelan sondeos y encuestas del mismo gobierno.

Los priistas bien lo saben –y lo sabe su Secretaria General, Carolina Monroy- y harían bien en tomarlo en cuenta a la hora de amagar con responder a cada una de las críticas, pues la mejor respuesta que pueden dar es precisamente con buenos resultados o, al menos, con apego a aquéllo con lo que se comprometieron, lo que no ha hecho el licenciado Peña Nieto.

“¿En qué parte de su “proyecto de nación” dice que se malversarían los recursos públicos, que se entregarían los energéticos a empresarios o seudo empresarios, que se privatizaría el petróleo, que se llevaría a la quiebra a PEMEX, que con sus recursos se rescataría a particulares fraudulentos y se les solaparía para que, con la complicidad gubernamental, siguieran impunes?”, cuestionó el legislador.

“¿De dónde sale que se pueden hacer negocios particulares con las aportaciones de los contribuyentes o con los recursos de la nación, que se pueden cambalachear contratos de obra pública por una casa o un departamento, y que el ejemplo o mal ejemplo para ello lo pondía el mismo presidente de la República?”, reiteró.

En el PRD –agregó- no renunciaremos a nuestro derecho a señalar, en el marco de la legalidad, la incongruencia entre lo que el entonces candidato priista a la Presidencia prometió y lo que ha hecho como presidente, porque en resumidas cuentas resulta que mintió y traicionó a los electores y a la población en general.

El líder del PRD en el Estado de México también aclaró en que sí se deben responder a los agravios que, de manera ilegal y abiertamente contraria al Estado de Derecho, algunos sectores ultraconservadores hacen contra las instituciones y aún contra la persona del Ejecutivo Federal.

Lo que el PRD no permitirá ni tolerará –dijo- es que, con la argucia de que perseguimos fines político-electorales, se pretenda inhibir nuestro derecho a criticar y exigir cuentas al presidente.

La política –precisó Ortega- se ocupa precisamente de asuntos del gobierno y de los asuntos públicos y a ella se dedican quienes gobiernan o aspiran a gobernar, mediante la obtención del voto, los asuntos relativos a la sociedad o a un país, es decir, precisamente a lo que se dedica Enrique Peña Nieto y cualquier militante de un partido, quien por lo mismo, al igual que sus correligionarios, no puede sustraerse al escrutinio público.

El coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados reiteró la invitación a los priistas a no ser más cómplices de la impunidad y a atacar realmente la corrupción mediante las instancias judiciales correspondientes.

El proceso de expulsión de algunos gobernadores de las filas del PRI –puntualizó- es un buen espectáculo mediático, pero de poco beneficio para la sociedad, a diferencia de los juicios políticos pendientes de resolver en la Cámara de Diputados y a los que los priistas no quieren dar trámite, precisamente porque, hasta ahora, les quieren garantizar impunidad penal y administrativa.