DESALOJO DE LA CIUDADELA, ACTO DE BARBARIE QUE DEBE SER SANCIONADO

El desalojo violento realizado por las autoridades de la Delegación Cuauhtémoc en la Plaza de la Ciudadela, para retirar de la vía pública a personas en situación de calle y vendedores ambulantes, es una flagrante violación a los derechos humanos y un acto de barbarie ultrajante que no debe quedar impune, señaló la diputada del Partido de la Revolución Democrática de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Elizabeth Mateos Hernández.

La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la ALDF reprobó el doble discurso que distingue a las autoridades de dicha demarcación y militantes de Morena que con sus palabras dicen proteger y trabajar por el pueblo, pero que en los hechos discriminan, excluyen y lesionan los derechos de los más desprotegidos, como las personas en situación de calle que no cuentan con un techo seguro para pasar la noche y realizar sus necesidades más básicas.

Manifestó que la Delegación Cuauhtémoc, gobernada por Morena, debe dar una explicación por las acciones realizadas el pasado 21 de octubre, con las que violaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la que se establece que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.

La también vocera de la fracción parlamentaria del PRD se unió al rechazo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que lamentó las acciones de “limpieza social” impulsadas por la Delegación Cuauhtémoc, con las cuales se avalan prejuicios que estigmatizan y estereotipan a quienes viven en calle y contravienen el contenido del Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras, elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México.

Aseguró que se mantendrá atenta al curso que se dará a la queja con la que cuenta la CDHDF sobre los hechos ocurridos en la Ciudadela y una más por la amenaza de un segundo retiro de población callejera en las calles Humboldt y Artículo 123, por lo que dicho organismo ha emitido medidas precautorias.

La diputada perredista respaldó la exigencia del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), que solicitó a la Delegación Cuauhtémoc información detallada sobre el desalojo, en el que especifiquen las causas por las que se llevó a cabo, el procedimiento para efectuarlo y cómo se observó el Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras.

“De ninguna manera se debe tolerar la estigmatización y criminalización de las poblaciones callejeras”, expuso Mateos Hernández al subrayar que este tipo de personas tiene miedo a revivir situaciones traumáticas o rechazo social, por lo cual no intentan regresar a la vida laboral ni rehacer relaciones familiares y sociales.

Consideró que una persona sin hogar representa el nivel máximo de exclusión social y marginación, por lo cual las autoridades están obligadas a impulsar acciones que permitan proteger, promover, respetar, hacer respetar y garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como lo establece el Artículo 1 Constitucional, a fin de que gocen de las garantías reconocidas en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia.

Afirmó que la protección de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, caracteriza a los gobiernos de izquierda que han construido una ciudad de vanguardia, impulsando acciones que contribuyen a emparejar el piso para evitar desventajas sociales y fortalecer la dignidad, igualdad e inclusión social.

Manifestó que si bien a las personas en situación de calle se les asocia con la apropiación del espacio público, es necesario que desde las instituciones se diseñen políticas que les permitan el conocimiento de sus derechos y la práctica de éstos, como una forma de mejorar su calidad de vida y evitar la discriminación motivada por la condición social, que anula o menoscaba sus libertades.

Elizabeth Mateos indicó que la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México insta a todos los entes de la administración pública local, a que en el marco de su competencia lleven a cabo medidas de promoción del goce y ejercicio de derechos a favor de la igualdad y trato digno para las personas integrantes de las poblaciones callejeras.