Crear indicadores de desempeño sobre efectividad

La diputada Araceli Damián González consideró que el potencial de fiscalización de los recursos federales sólo legitima actuaciones fraudulentas que no conllevan a amonestaciones penales o administrativas.

La integrante de la bancada de Morena y de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación consideró que es intolerable que buena parte del trabajo técnico de la ASF no derive en el esclarecimiento de los responsables involucrados.

Si bien el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública es primordial, el potencial que tiene la fiscalización de los recursos federales sólo legitima actuaciones fraudulentas que no conllevan a amonestaciones penales o administrativas que pudieran inhibir el mal uso de los mismos, por lo que es necesario crear indicadores de desempeño destinados a evaluar la efectividad sancionadora y así acabar con la impunidad.

Así lo manifestó la diputada Araceli Damián González, durante la Entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015, por parte del Titular de la Auditoría Superior de la Federación, Manuel Portal Martínez, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF de la Cámara de Diputados.

Al presentar la postura del Grupo Parlamentario de Morena, externó que es intolerable que buena parte del trabajo técnico de la ASF no derive en el esclarecimiento de los actos de corrupción y la sanción de los funcionarios públicos involucrados.

“Resulta urgente reforzar los mecanismos destinados a que los análisis de auditoría –cuando éstos presenten hallazgos de irregularidades punibles– concluyan en el pertinente castigo. Sería la única forma de coadyuvar a quebrar la espiral de impunidad que actualmente afecta a México, la cual constituye una de las grandes lacras de la nación”, puntualizó.

La también integrante de dicha Comisión expresó su preocupación de los resultados que arroja el Gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que en lo que va de su administración la deuda del país aumentó de 33 a 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).}

Además, subrayó, el Ejecutivo Federal utiliza sistemáticamente recursos públicos por arriba de lo presupuestado, ya que en promedio representan más de 200 mil millones de pesos al año, y que en 2016 fueron casi 700 mil millones de pesos. “¿Por qué ese gasto no se tradujo en mayor productividad, empleo o bienestar para las familias? Es lamentable que mientras recortan a salud, educación y demás servicios públicos, desaparezcan recursos cuantiosos de la nación”.

En ese sentido, consideró injustificable el aumento de los precios de las gasolinas por parte del Gobierno Federal, sobre todo porque éste argumenta que de no haberlo hecho, se pondrían en riesgo diversos programas sociales y de salud.

“¿Dónde han quedado esos recursos adicionales? ¿Por qué habiendo recursos del pueblo, el Gobierno se decide a afectar la economía de los mexicanos? Mientras que tanto en el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y órganos autónomos priva el despilfarro y la ostentosidad”, reclamó.

Asimismo, Damián González advirtió sobre la proliferación de las asociaciones público-privadas (APPs), que a pesar de que tienen poco tiempo en vigor como figura jurídica, se ha demostrado que son un foco de opacidad en el manejo de los recursos federales.

“Son muchos los proyectos de APPs que han sido señalados con irregularidades y han sido denuncias de malversación, nepotismo o tráfico de influencias. Pero además la ASF ha señalado el riesgo de que mediante éstas se esté encubriendo de forma fraudulenta un masivo endeudamiento del Estado mexicano a largo plazo”, subrayó.

Explicó que este tipo de asociaciones involucran recursos multimillonarios del Estado, y que en muchas ocasiones se trata de inversiones que afectan la garantía de derechos humanos fundamentales, como el de la salud, donde han proliferado las APPs de modo descontrolado y exorbitante.