El desastre minero en Pasta de Conchos

A once años de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos, donde se vivió dolor, injusticia e indiferencia de las autoridades, las y los familiares de las víctimas continúan en pie de lucha.

Lo anterior fue señalado por la Senadora Dolores Padieran, y dijo que los familiares siguen demandando respuestas claras frente a un desastre que podría haberse evitado.

La herida sigue abierta y el tiempo no diluye la memoria; por el contrario, cada segundo que pasa nos recuerda que la grave situación que enfrentan los derechos humanos en el país no se acabará ignorándola.

El 19 de febrero de 2006 un derrumbe ocurrido en una mina de Pasta de Conchos, Coahuila, presuntamente causado por una explosión, dejó sepultados a 65 mineros.

A pesar de la poca profundidad a la que parecían encontrarse, su búsqueda fue detenida con una premura que ha sido leída como un intento por ocultar las causas del siniestro.

Lo que ocurrió allí dentro es poco claro. Grupo México, una de las empresas mineras más grandes del país y dueña de la mina en cuestión, argumentó que el accidente se trataba de una explosión generada por una acumulación del gas que brota del subsuelo al extraer carbón.

Esto habría provocado un aumento de temperatura de más de 900 grados. Sin embargo, las autopsias realizadas a los cuerpos de las únicas dos personas encontradas revelaron que la causa de su muerte fue la asfixia y no el calcinamiento.

Con 63 trabajadores todavía desaparecidos, la empresa suspendió la búsqueda en abril de 2007. Se argumentó que entre el 25 y el 75% de la mina estaría inundada, factor que imposibilitaría la exploración. Posteriormente, se presentó como defensa de la decisión un estudio que se antojaba carente de bases científicas y que concluía que el agua de la inundación estaría contaminada con enfermedades infecciosas, incluyendo algunas que no se transmiten por este medio. De acuerdo con esta lógica, cualquier labor de rescate de los cuerpos pondría en peligro la salud de quienes entraran y de la comunidad entera.

El entonces presidente Vicente Fox no se presentó ni siquiera a acompañar a las y los familiares de las víctimas ni les envió sus condolencias.

Su sucesor, Felipe Calderón, replicó la misma actitud displicente. La decisión de suspender la búsqueda fue acompañada por la Secretaría del Trabajo. En febrero de 2007, el gobierno de Coahuila emitió 65 actas de defunción que contaban con certificación forense, a pesar de que sólo dos cuerpos fueron rescatados.

Las organizaciones de la sociedad civil y las y los familiares de las víctimas han señalado que el desastre no era inevitable y que fue el resultado de repetidas irregularidades que ocurrían desde el año 2000.

Las normas en materia de seguridad parecen no haber sido respetadas, a pesar de que en la industria minera se realizan los trabajos más riesgosos y con mayor índice de accidentes.

Se ha denunciado que las autoridades no dieron el seguimiento necesario a problemas que se habían detectado tiempo atrás. Esto se ha comprobado a través de actas de inspección emitidas meses antes del siniestro, mismas que revelan que los sistemas de ventilación presentaban fallas y que el equipo eléctrico se encontraba dañado.

Diversas instancias han externado su preocupación con respecto a esta catástrofe y a la situación de los derechos laborales en el país. Tal es el caso de la Organización Internacional del Trabajo, que señaló con consternación que la explosión podría haber sido causada por la negligencia de las autoridades. Las instancias nacionales han respondido, si acaso, con negativas y las demandas de las y los familiares de las víctimas continúan sin atenderse.

Para acentuar la gravedad del panorama, las pensiones de las familias de los mineros fallecidos no alcanzan ni siquiera para lo más básico; es así que se encuentran hoy exigiendo justicia desde la total desprotección.

La deuda que el país tiene con sus mineros, con las víctimas y con sus familiares, no será saldada hasta que no se realice una investigación en forma, procesando a quienes resulten culpables del siniestro, y rescatando los restos de las personas fallecidas.

Los derechos laborales de las y los mexicanos no pueden seguir siendo pisoteados; lo que está en juego es la seguridad y las vidas de nuestra gente. Hoy, como hace once años, el pueblo mexicano exige justicia por la tragedia de Pasta de Conchos y no descansará hasta conseguirla.