Cambios a la Ley General de Educación
Las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, por unanimidad y con modificaciones, la iniciativa preferente relativa a la Ley General de Educación, que no sólo beneficiará a los connacionales retornados de Estados Unidos, sino también a refugiados, asilados, a migrantes internos que deseen obtener su equivalencia de estudios y a los mexicanos que deseen obtener el registro oficial de estudios realizados en el extranjero.
Para garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la educación en el nivel básico, se eleva a rango de ley la facultad de las autoridades federales de la SEP de vigilar que las autoridades escolares locales cumplan con las normas establecidas. A partir de ello, directores de escuelas en estados y municipios no podrán argumentar que negaron la inscripción a un niño extranjero o proveniente de otra entidad, porque desconocían los nuevos lineamientos.
En escuelas privadas, a fin de eliminar trámites y problemas por la retención de certificados, la SEP podrá autorizar o delegar, según el caso, que otras instituciones con reconocimiento de validez oficial de estudios otorguen revalidaciones y equivalencias parciales.
A fin de facilitar la movilidad de personas que cuenten con estudios de nivel superior, se debe crear el Marco Nacional de Cualificaciones que permitirá la validez e integración en el nivel de estudios correspondiente, a partir de saberes, conocimientos, capacidades y habilidades.
El Marco Nacional de Cualificaciones servirá para hacer de la enseñanza un elemento de cohesión social, que no excluya a ningún tipo de grupo poblacional, ayudará a que la inserción de educandos al Sistema Educativo Nacional sea más ágil, y asegurará que no existan impedimentos de ningún tipo académico para dicha inserción, destaca el dictamen.
La revalidación de estudios queda sujeta a diversos controles, como el que las instituciones públicas y/o privadas no podrán revalidar estudios básicos, medios superior o superior, que ellas no impartan; además, la revalidación podrá ser revocada por las autoridades educativas en caso de incumplirse los lineamientos.
Las escuelas y universidades deberán simplificar los procedimientos bajo los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del sistema educativo nacional.
Las escuelas que no cumplan estas disposiciones serán meritorias de sanciones, que van desde multas por cinco mil veces el salario mínimo vigente –que podrán duplicarse en caso de reincidencia– hasta el retiro del registro de validez oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Las modificaciones a la iniciativa preferente, derivan de las opiniones recibidas durante las Audiencias Públicas, del 13 al 15 de febrero, por parte de funcionarios del Ejecutivo Federal, autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil, especialistas, estudiantes mexicanos en Estados Unidos, conocidos como “Dreamers” y representantes de universidades e instituciones de educación superior, además de las consideraciones remitidas a las comisiones unidas por parte de la Cámara de Diputados, embajadas y consulados.