Políticas efectivas para prevenir el delito

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), Miguel Ángel Mancera, debe recuperar el sentido social que perdió la capital del país, desde hace cinco años; su política de seguridad pública falló.

La seguridad pública en la CDMX es un fracaso al reportarse, de enero a noviembre de 2016, 11 mil 953 casos que equivalen de 30 a 40 robos diarios a transeúntes, pasajeros, comerciantes y zonas habitacionales, entre otros lugares, cuyas víctimas regularmente sufren lesiones de gravead y muertes frente al uso de armas de fuego y punzocortantes por parte de los delincuentes, señaló la diputada Ana Juana Ángeles Valencia, quien a su vez exigió al Jefe de Gobierno regresar a los capitalinos el sentido social que la política de seguridad pública no ha logrado desde hace cinco años.

Lamentó que un 85.5 por ciento de los delitos no sean denunciados por las víctimas y que el 11.5 que sí lo hace lo hace desconfié de los agentes del Ministerio Público argumentando que primero consignan a los delincuentes y al paso de unas cuantas horas de la detención, sean liberados por actos de corrupción o porque no se integraron correctamente las denuncias y averiguaciones previas, torpezas que prácticamente les brinda inmunidad para que sigan cometiendo ilícitos, consideró.

Destacó que la solución no es el armamentismo ni ampliar el número de efectivos policiacos conforme crece la delincuencia, porque al paso de los años se ha demostrado que la política de seguridad pública capitalina no funciona, además que los centros penitenciarios están sobrepoblados sin que exista una política efectiva para que los internos puedan ser reintegrados a la sociedad de manera productiva cuando cumplan sus condenas.

Consideró urgente diseñar políticas públicas de prevención de los delitos y evitar que la Ciudad de México se contamine con justicieros como sucede en el resto del país donde los ciudadanos han tomado la justicia por su propia mano como sucedió el año pasado en el Estado de México, en los municipios de Teotihuacán, Naucalpan y en la carretera México-Toluca.

En ese sentido, precisó que es necesario invertir más en la educación de la población infantil y juvenil para formar ciudadanos con valores y con alto sentido de responsabilidad cívica dentro de la cultura de la legalidad y dejar de lado el concepto mercantilista de generar ejércitos de mano de obra calificada y barata, lo que necesitamos, dijo, son jóvenes con un alto sentido de solidaridad y fraternidad, con valores y sentido de responsabilidad social que se conviertan en gobernantes comprometidos con el sano desarrollo nacional.

Ejemplificó que en 2016 se registraron 165 mil denuncias en las Agencias de Ministerios Públicos, donde cerca del 40 por ciento de las querellas corresponden a delitos con violencia como los asaltos con portación de armas de fuego y punzocortantes. Hizo notar que con base en un balance oficial de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), el robo a transeúnte con violencia es actualmente el delito más frecuente de todos.

Indicó que de enero a noviembre de 2016 se registraron 11 mil 953 casos, que equivalen a casi 40 denuncias diarias en promedio en donde los quejosos tienen la percepción de que los policías forman parte de la delincuencia porque nunca están atentos para prevenir y constantemente llegan tarde al lugar de los hechos.

Dijo que ante la capacidad asombrosa que tiene la administración local para que cada año obtenga excedentes de ingresos como los 40 mil millones de pesos que se registran en la cuenta pública del 2016, estimó que estas cantidades deben derivarse a la creación de más planteles educativos y deportivos, públicos y gratuitos, para que esos recursos extras no queden en la opacidad o se deriven a acciones electorales.

Destacó la necesidad de impulsar la cultura del deporte, de la sana recreación y del cuidado al medio ambiente, desde el jardín de niños, y se favorezca la desincorporación y entrega de espacios públicos al diseño de parques, jardines, centros deportivos y recreativos, públicos y gratuitos.

En ese sentido dio a conocer que el interés superior del actual gobierno capitalino es ceder o enajenar los bienes inmuebles propiedad de la ciudad a los particulares como son los casos del CETRAM Constitución de 1917, en Iztapalapa o el de San Pablo Xalpa 306, en Azcapotzalco, que pueden ser de utilidad social para crear ciudades deportivas.

Del segundo caso subrayó que vecinos organizados de Azcapotzalco buscaron la desincorporación del terreno con más de 43 mil metros cuadrados, (que perteneció a la ex Ruta-100, abandonado por varios años), para la construcción de mil 200 acciones de vivienda, la edificación de una clínica para personas con discapacidad, biblioteca, guardería, casa de cultura y espacios deportivos para conformar una comunidad solidaria que refuerce el tejido social, misma que se concedió a particulares.

Explicó que durante más de seis años los vecinos organizados de Azcapotzalco pugnaron para que el gobierno capitalino les concediera la posesión y uso de suelo para atender la demanda de vivienda digna y decorosa y que el 21 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la desincorporación y enajenación a título oneroso a desconocidos.

Ana Ángeles Valencia señaló que ya es tiempo que los tres niveles de gobierno terminen con la vieja práctica de conceder los espacios públicos a las inmobiliarias que se dedican a la construcción de grandes torres residenciales, plazas comerciales, hoteles, centros nocturno, en lugar de promover, espacios y áreas verdes, crear y acondicionar centros deportivos y lúdicos.

Afirmó que el sistema educativo nacional y local merece una oportunidad para adecuarse a las verdaderas necesidades de la población estudiantil de manera integral donde participen todos los sectores en un ambiente plural y democrático en donde intervengan expertos en los rubros académicos, pedagógicos y en la administración de centros de enseñanza que traduzcan cabalmente las verdaderas necesidades de aprendizaje en todos los niveles académicos.

Argumentó que cada seis años los sistemas educativos se modifican con base en los criterios de neoliberales de ineptos en los temas académicos y pedagógicos que fungen como secretarios de Educación Pública Federal y estatales.

Sostuvo que en las últimas décadas la educación pública superior ha sido fuertemente influenciada por los procesos de globalización económica y el consumismo y que estos factores han conllevado al fortalecimiento de las políticas neoliberales que han puesto a la educación bajo modelos individualistas y de competencia, dejando fuera el contexto social y colectivo.

Lo anterior, dijo, se sustenta en lo recortes presupuestales a este sector que poco a poco apuntan a una mercantilización educativa, y que la mejor muestra, añadió, son los pocos espacios con que cuentan los jóvenes para acceder a una educación pública y gratuita a nivel superior.

En este sentido argumentó la necesidad de crear más universidades y escuelas como lo plantea Morena, quien desde un esfuerzo colectivo ha cimentado cinco planteles en la ciudad de México, y tres foráneos en Campeche, Tabasco y Yucatán.