Combate al cambio climático
Para poder alcanzar las metas de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), comprometidas a nivel internacional, se requiere que en México, los estados trabajen de forma más sistemática y eficaz en el diseño y ejecución de acciones para combatir el cambio climático.
Lo anterior fue destacado en el evento realizado el pasado martes 28 de febrero, donde el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) presentó los resultados del proyecto denominado Apoyo en el desarrollo y fortalecimiento de la política climática de mitigación a nivel estatal en México, en el cual se presentaron los avances que en la materia han hecho las tres entidades piloto seleccionadas: Jalisco, Veracruz y Baja California Sur.
Xavier Martínez Esponda, director técnico operativo de CEMDA, señaló que el apoyo se orientó a brindar herramientas a estas entidades para que puedan fortalecer su marco legal y de política pública, armonizar sus leyes estatales con la Ley General de Cambio Climático (LGCC); convertir sus programas generales de cambio climático en líneas de acción; desarrollar capacidades a través de talleres, así como en brindar asesoría para que los estados identifiquen instrumentos que les permitan obtener mayores recursos para echar a andar efectivamente sus programas y líneas de acción. El objetivo central -señaló- es "convertir a las entidades en líderes innovadores de acciones climáticas en México".
La Secretaria de Medio ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, Magdalena Ruíz Mejía, se refirió al acompañamiento que obtuvo de CEMDA para trazar la ruta de trabajo hacia la elaboración de marcos jurídicos y normativos, así como para esbozar los esquemas de financiamiento.
La funcionaria destacó el papel protagónico que el gobierno de Jalisco ha dado al tema del desarrollo sustentable y a la reducción de emisiones. Entre las principales acciones se mencionó la creación de la Agencia de Energía en el estado, la cual es un organismo público descentralizado, tripartita, que busca cumplir metas de 80% de eficiencia energética y renovables al 2030.
Asimismo, destacó el éxito que han obtenido al destinar el 100% de los recursos provenientes de impuestos y disposiciones relacionadas con medio ambiente -como la calcomanía de verificación-, hacia la integración del fondo ambiental, con el cual se pretende cumplir con las metas y objetivos de reducción planteados.
"De esa forma, hemos logrado incrementar el presupuesto para la agenda de sustentabilidad de 90 a mil 300 millones de pesos en tres años". Adicionalmente, -señaló- "estamos en la elaboración del plan estatal de cambio climático, alineado con los instrumentos nacionales, así como en la elaboración del reglamento de la comisión intersectorial de cambio climático y estamos acompañando el desarrollo de programas municipales, con un avance del 50% del territorio."
Por su parte, Leonardo Rodríguez Hernández, representante de la Secretaría de Medio Ambiente de Veracruz destacó que si bien su entidad es una de las más biodiversas del país, también es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático y en ella, casi el 80% de las emisiones GEI provienen del sector energético.
Informó que Veracruz cuenta con una política estatal de cambio climático en 5 ejes, alineada también con el tema de equidad de género y que se está trabajando en agendas sectoriales que incluirán acciones de mitigación y adaptación, y las cuales van inmersas en un proceso de verificación para evaluar año con año, de manera transparente y confiable el grado de avance. Se cuenta también con el fondo ambiental veracruzano, cuyo uno de sus ejes es gestionar y administrar los recursos de carácter nacional o internacional, públicos o privados destinados al diseño y ejecución de políticas de mitigación y adaptación.
Por su parte, Diana Espinoza Meza, a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Recursos Naturales de Baja California Sur (BCS) destacó la vulnerabilidad del estado a los efectos del cambio climático, la cual se ve agravada por el hecho de ser la entidad con el primer lugar en vehículos per cápita del país -la mayor parte de ellos con más de diez años de antigüedad-, generar una importante cantidad de energía a partir de termoeléctricas y carecer de planes de manejo de residuos.
En el evento participaron también Víctor Gutiérrez Avedoy, de Acción Social Climática, quien brindó apoyo para la elaboración de inventarios de emisiones de GEI y de los planes estatales de acción ante el cambio climático. Asimismo, Carlos Matías Figueroa, de e3 Consultoría Ambiental, presentó información sobre el análisis de instrumentos económicos aplicables a gobiernos locales para la financiación de proyectos de mitigación a nivel nacional y subnacional, a fin de ayudar a las entidades a encontrar instrumentos que tuvieran un potencial recaudatorio en energía renovable y movilidad sustentable.
Por parte del gobierno federal se contó con la participación del Rafael Martínez Blanco, Director General Adjunto de Políticas para el Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como de Marco Heredia, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), quienes señalaron que México se encuentra en el proceso de conformación de la 6ta Comunicación Nacional, por lo que resulta muy relevante avanzar en este momento hacia el siguiente nivel, que es el de redoblar los esfuerzos locales, tanto en el tema de mitigación como de adaptación al cambio climático.
Ambos destacaron la importancia de que las entidades asignen los recursos presupuestales necesarios y se alleguen de otros esquemas de financiamiento, a fin de poder concretar las acciones delineadas en sus planes estatales de combate al cambio climático, pues de otra forma, éstos quedan únicamente en buenas intenciones. Igualmente relevante, es que desarrollen indicadores de medición adecuados, que permitan monitorear, reportar y verificar los avances en el cumplimiento de sus metas de reducción.
Finalmente, Jorge Villareal, de la Iniciativa Climática de México (ICM), enfatizó la importancia de las competencias municipales, estatales federales, así como del sector privado para que el país pueda alcanzar las metas de reducción de 288 toneladas de CO2eq al 2020, a las que México se comprometió ante la comunidad internacional.