Deben revisarse las leyes en materia de protección contra el bioterrorismo

México enfrenta el reto de invertir en vacunas, investigación de patógenos e infraestructura

Los presidentes de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar y de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, el diputado Waldo Fernández González, se pronunciaron por emprender una revisión de las leyes que permitan fortalecer los mecanismos con los que cuenta México ante un eventual escenario de crisis epidemiológica o por bioterrorismo.

Fernández González dijo que hay preocupación porque en la última década aumentó el uso de armas biológicas y químicas.

Señaló que a partir del punto de inflexión, marcado por el ataque a las Torres Gemelas de Estados Unidos, en septiembre de 2001, resurgió el ántrax que se creía extinto desde la conclusión de la Guerra Fría.

Resaltó que dentro de un escenario de posible ataque bioterrorista, nuestro país no está exento, “no se trata de generar pánico, sino de entender que la seguridad nacional debe considerar y prevenir todos los escenarios, como son las epidemias.

En el marco de del foro “México ante los Riesgos del Bioterrorismo”, organizado por la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional y realizado en el Senado de la República, en el que participaron especialistas nacionales e internacionales, el diputado federal apuntó que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo tienen la responsabilidad de asignar presupuesto e infraestructura para que el país esté preparado ante un escenario adverso.

La presidenta Cristina Díaz Salazar, recordó que el Senado ratificó en 1993 el Convenio de Diversidad Biológica, lo cual derivó en instrumentos internacionales específicos, como el Protocolo de Cartagena que prevé los riesgos biológicos que se enfrentan, en lo referente a la salud del hombre y en los daños al medio ambiente.

Destacó que México enfrenta el enorme reto de utilizar biotecnología con responsabilidad, conciencia y respeto de la diversidad genética, sin embargo, cuenta con regulaciones mínimas y dispersas.

En 2005, se creó la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, con normas secundarias y normas oficiales, que caen en la responsabilidad de las secretarías de Medio Ambiente (Semarnat); Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); y Salud (SSA).

“Todos estos instrumentos jurídicos merecen su revisión en estos momentos, frente a una serie de fenómenos que se han presentado a lo largo de estos años, para poder responder a los retos, así como atender los instrumentos internacionales que han sido renovados. Es un tema de gran importancia en seguridad nacional”, puntualizó.

En su intervención, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, se pronunció porque México se integre a los trabajos de la iniciativa Coalición para la Innovación y Preparación de Epidemias (CEPI), cuyo objetivo es que la comunidad internacional esté preparada para el desarrollo de vacunas y análisis de nuevos patógenos y la formación de un frente ante un eventual fenómeno global, con responsabilidad compartida.

CEPI, explicó, es una alianza público-privada que se fundó el año pasado, con el objetivo de financiar y coordinar el desarrollo de nuevas vacunas para prevenir y contener las epidemias de enfermedades infecciosas.

Indicó que si bien es tema de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hacer frente a una crisis de forma reactiva costaría tres mil millones de dólares, sin contabilizar investigación y programas sociales para darle viabilidad.

Dijo que se requiere la corresponsabilidad de gobiernos y organizaciones sociales, para la protección de siete mil millones de personas, ante una posible crisis sanitaria. Recordó que las epidemias del ébola, zika y fiebre amarilla, han afectado a decenas de miles de personas en todo el mundo.

México, concluyó, debe invertir en vacunas, antibióticos, así como en la investigación de nuevos patógenos que representen un riesgo para la salud de su población y de la comunidad internacional.