No fuerzas armadas para atropellar derechos

La detención de participantes en manifestaciones pacíficas, así como la criminalización de las demostraciones políticas en la vía pública, son las formas más comunes de violación de derechos humanos en nuestro país.

Los derechos de asociación y reunión de los ciudadanos son premisas fundamentales que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberían respetar, afirmó el diputado Roberto Cañedo Jiménez

“Este tipo de violaciones las hemos visto durante décadas en México. Ejemplos de esto son los casos de Atenco, Tlatlaya y las manifestaciones cuando Enrique Peña Nieto tomó protesta como Presidente el 1° de diciembre de 2012. Esa vez aunque hubo manifestantes pacíficos, fueron detenidos de manera arbitraria”, reclamó.

Al respecto, informó que el 14 de marzo presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas al Artículo 9 de la Constitución Mexicana, con el fin de hacer valer los derechos de asociación y reunión de todos los mexicanos, sin que éstos sean atropellados por las autoridades, so pretexto de que sus participantes cometan actos de violencia.

El integrante de la Fracción Parlamentaria de Morena destacó que con su iniciativa pretende que bajo ninguna circunstancia se haga uso de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos policíacos –federal, estatal o municipal–, como instrumentos de disolución y represión social, por lo que deberá darse prioridad al diálogo para redimir los conflictos que se susciten en las manifestaciones.

Cañedo Jiménez explicó que el amedrentamiento de la reunión y la expresión, a través de la imposición de penas privativas de la libertad, tiene un efecto disuasivo sobre todos aquellos sectores de la sociedad que expresan sus críticas o reclamos a la gestión de gobierno. Sin embargo, agregó, este hecho ha causado que cada vez más personas no expresen su inconformidad contra las autoridades, o tengan miedo de hacerlo.

Asimismo, destacó que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las autoridades no tendrían por qué utilizar a las fuerzas de seguridad para desincentivar los derechos de asociación y reunión, sino para protegerlos.

El legislador por Baja California señaló que el Ejército Mexicano, la Marina y las corporaciones encargadas de la seguridad pública tendrían que proteger ambos derechos y no reprimir a quienes participan en manifestaciones públicas.

Por último, comentó que el derecho de reunión ha sido el que más debate y polémica ha suscitado a través del tiempo, porque siempre se ha cuestionado hasta qué punto una marcha o una movilización social está dentro de los márgenes de lo establecido.