Piden ratificar el Convenio 189 de la OIT

La discriminación laboral impone una jornada laboral de 12 horas a los trabajadores domésticos y les excluye de prestaciones laborales.

Trabajadoras del hogar y académicos solicitaron al Gobierno de la República la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a fin de que este sea la base para las reformas a la ley en la materia, que permitan hacer valer los derechos de este sector laboral.

La legisladora del PRD señaló que el Convenio 189 fue aprobado por la OIT el 16 de junio de 2011, pero el Gobierno Federal no lo ha remitido al Senado para su ratificación, sin que exista razón para ello, y el Estado debe ser garante de los derechos de los trabajadores.

Recordó que en 2014, junto con la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista, dialogaron con el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y este dio muestras de voluntad política de cumplir con dicha ratificación.

“Pero el secretario de Gobernación se encontró con un gran muro, el IMSS –Instituto Mexicano del Seguro Social– quien dijo que no se pude, quizás porque pensó que los más de dos millones de trabajadores del hogar iban a exigir sus derechos”, acotó.

Reiteró que el Presidente de la República debe enviar al Senado el Convenio 189, pues no se trata sólo de reformas de ley, sino de un trabajo conjunto para lograr un México igualitario e incluyente, lejano a la discriminación laboral y social, de la que ahora son objeto las empleadas en servicios domésticos.

Marcelina Bautista expuso, por su parte, que la validación del convenio internacional permitirá establecer los lineamientos para reconocer a dichas trabajadoras su derecho de ser contratadas por escrito; prestaciones como seguridad social –sin que sean condicionadas por sus patrones– y aguinaldo; así como un día de descanso obligatorio, entre otros.

Lo anterior implica integrar esas garantías a la Constitución Política, a partir de reformas a las leyes federales del Trabajo, Seguro Social y Transparencia, entre otras; lo que significaría la igualdad de las trabajadoras del hogar con el resto de los sectores laborales.

La directora del Instituto Simone de Beauvoir, Ximena Andión Ibáñez, destacó que esta petición se realiza en el marco de la conmemoración el 30 aniversario del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, que suman 2.3 millones de personas, y 95 por ciento son mujeres, “que esperan este año, sin falta, la ratificación del convenio”.

Consideró que no se puede minimizar a este sector laboral, que representa 20 por ciento de la Población Económicamente Activa. Sin embargo, 92 por ciento carece de seguridad social.

Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), apuntó que la discriminación laboral abarca, desde que se admita una jornada de 12 horas para las trabajadoras domésticas, mientras que para el resto de los empleados es de ocho horas, lo cual implica una situación de exclusión.

Se agrega, añadió, la desventaja salarial, pues 32 por ciento de quienes prestan sus servicios en casas no percibe ni un salario mínimo, y 70 por ciento no reciben ni dos salarios mínimos, situación que hace más vulnerable a este sector, en su mayoría en situación de pobreza.

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedro Salazar Ugarte, consideró que no se ha visto en toda su dimensión el tema de justicia y derechos para las personas que dan sus servicios para la atención de los hogares, incluso en el cuidado de los hijos.

El Senado, apuntó, tiene ahora una responsabilidad: poner al centro el tema e impulsar la ratificación del Convenio 189, que será fundamental para establecer líneas legislativas que, a su vez, impulsarán las políticas públicas de gobierno para la reivindicación de la justicia social.

Marta Cebollada Gay, autora del libro “Hacer Visible lo Invisible”, refrendó la urgencia de que el gobierno y los partidos políticos representados en el Poder Legislativo tomen conciencia de la discriminación laboral que viven las trabajadoras sociales, y pidió que actúen para favorecer un cambio en las leyes.

La Ley del Seguro Social, denunció, no considera obligatoria su inscripción al sistema público de seguridad social, de ahí que sólo 2.5 por ciento se encuentren registradas de manera formal.

En el caso de que realicen su inscripción voluntaria, “lo cual, curiosamente, depende de la voluntad de su empleador que suceda”, los trabajadores del hogar no tienen acceso a todas las prestaciones sociales que ofrece el seguro social: quedan excluidos del ahorro para la vivienda (Infonavit) y del acceso a guarderías, “lo cual no deja de ser extremadamente preocupante si recordamos que la mayoría son mujeres con hijos”, sostuvo.

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