Cultura denuncia ciudadana
La Procuraduria General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Púbica, de la Ciudad de México (CDMX), deben fortalecer la cultura de la denuncia ciudadana y emprender campañas informativas en la estrategia para combatir a la delincuencia en la capital.
L
a vicepresidenta de la Comisión de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Nury Delia Ruiz Ovando, urgió a corregir cualquier deficiencia en la aplicación del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio a fin de evitar el incremento de la comisión de delitos y de la impunidad en la CDMX.
La legisladora señaló que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio ofrecerá resultados positivos en el corto plazo, facilitando que se integren de forma adecuada las carpetas de investigación; ofreciendo la opción de utilizar los medios alternativos para reparar los daños causados a las víctimas; además de garantizar la defensa de los derechos humanos.
“Sin embargo, consideramos que estamos en el momento oportuno para realizar un balance de resultados y detectar, en su caso, los mecanismos que permitan corregir cualquier deficiencia”, expuso.
Ruiz Ovando reconoció los esfuerzos del Gobierno capitalino en aras de obtener un balance positivo y disminuir la incidencia delictiva, garantizando que no habrá impunidad para quien cometa un hecho ilícito.
No obstante, dijo que siguen existiendo diversos pendientes que son motivo de preocupación, entre ellos la disminución de los tiempos de espera para interponer denuncias o querellas, e implementar protocolos que garanticen su recepción mediante trámites sencillos, pues actualmente la percepción
social, sobre todo de quienes han sido víctimas de algún delito, identifica a las agencias del Ministerio Público como oficinas lentas, burocráticas y formalistas, en las cuales se desalienta la presentación de denuncias.
Planteó que el Ministerio Público disponga de un diseño institucional que le otorgue plena autonomía y que impulse el profesionalismo y la eficiencia de su personal, por lo que consideró necesario garantizar ese principio de autonomía y defender todos los derechos de los habitantes de la Ciudad de México reconocidos en la Constitución capitalina.