Tierra firme

La delegada política en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, categóricamente aclara los puntos que aprobaron diputados del PAN, PRD y PRI, donde solicitan que se le investigue y destituya de su cargo.

Señala la funcionaria que diputados de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCDMX), aprobaron un punto de acuerdo en el que establecen tres puntos.

Solicitan a la Contraloría investigarme. Solicitan a la UNAM, y cito, “sancionarme por realizar actividades prohibidas al nombramiento como investigadora de Tiempo Completo”; e iniciar “formal solicitud para iniciar el procedimiento de mi destitución como jefa delegacional en Tlalpan.

En primer lugar quiero señalar lo siguiente: nunca he escondido que soy una académica. Fue parte de mi campaña por la Jefatura Delegacional en Tlalpan. Es un asunto público y notorio. Y tampoco he violado ningún precepto legal.

Desde el 1º de octubre del 2015 cuento con una comisión otorgada por el Consejo Técnico de la Investigación Científica de la UNAM, el cual fue renovado el 1º de octubre de 2016.

El documento que me otorga la comisión dice expresamente: “con fundamento en el artículo 56 c del estatuto del personal académico de la UNAM acordó aprobar su comisión con 5% de sueldo mensual… con objeto de fungir como Jefa Delegacional en Tlalpan”.

Hasta el 31 de marzo de este año también conté con el reconocimiento de la beca del Sistema Nacional de Investigadores. La Contraloría General tiene conocimiento de ello pues fue parte de mi declaración patrimonial, de la declaración de conflicto de intereses y de mi declaración de impuestos, presentadas por ley en Mayo de 2016 y la cual tiene carácter público.

El artículo 108 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su fracción IV establece que los Jefes delegacionales podrían ser removidos “por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión, en la federación, estados, distrito federal o municipios, durante el tiempo que dure su encargo, excepto las actividades, docente, académicas y de investigación científica no remuneradas”.

Es claro que la fracción IV se refiere a federación, estados, distrito federal o municipios.

El artículo tercero constitucional establece que “las universidades y demás instituciones de educación superior, a las que la ley otorgue su autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas”.

Por lo que las instituciones autónomas, no forman parte de la federación, estados, distrito federal o municipios.

Tienen su propia Ley orgánica y Consejo Universitario, así como plenos poderes para definir y poner en práctica sus programas de estudio e investigación. En este precepto se encuentra la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por su parte el artículo 62 del estatuto del personal académico de la UNAM establece:

“Podrán concederse licencias al personal académico por las siguientes causas: en el inciso e) Por haber sido designado o haber sido electo para desempeñar un cargo público de importancia”.

El artículo 65 del mismo estatuto establece: El Rector podrá conceder licencia con goce de sueldo al personal académico en casos excepcionales, previa aprobación del director de la facultad, escuela, instituto o centro y del consejo técnico respectivo y sólo cuando el objeto de la licencia sea efectuar un trabajo de interés para la Universidad.

Finalmente, el inciso C del artículo 56 del mismo estatuto establece: “se deberá cumplir, salvo escusa fundada, las comisiones que le sean encomendadas por las autoridades de las dependencias de su adscripción (en este caso, el Consejo Técnico de la Investigación Científica) o por el rector con el conocimiento de estas”.

La UNAM, como universidad de la Nación, tiene contemplada esta situación en su reglamentación interna, pues como institución generosa con su país, considera que ser servidor público es también una de las contribuciones a la Nación, de esta digna institución.

Por otro lado, el CONACYT (que tampoco es Municipio, Distrito Federal, ni Entidad Federativa), es un organismo público descentralizado del gobierno federal que se dedica a promover y estimular a estudiantes e investigadores para el desarrollo de la ciencia y la tecnología del país.

Es una entidad que administra el sistema nacional de investigadores (SNI) mediante el cual se reconoce, con un nombramiento especial (no con un cargo, empleo o comisión) y un estímulo económico (no como una remuneración por un cargo, empleo o comisión) a investigadores de excelencia.

El nombramiento de investigador nacional, es un reconocimiento, una distinción, y no un empleo, cargo o comisión públicos. Aun así, a principios de mes, tomé la decisión de solicitar la suspensión de la beca, por considerar que debido a mi encargo en la Delegación, no podré mantener mi producción académica comparada con los años anteriores.

Quizá los diputados están mal informados de esta situación, que tan no es ilegal que hay diversos funcionarios públicos, académicos e investigadores de la UNAM, que han decidido dedicar parte de su vida a una tarea pública. En tales casos estuvieron el Dr. Diego Valadez, y el Dr. Jorge Carpizo, investigadores del instituto de investigaciones jurídicas y ambos Procuradores Generales de la República, el Presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba quien es investigador de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y el propio René Drucker, brillante investigador y actual Secretario del Gobierno de la Ciudad, la cual debe estar orgullosa de él y de su perfil.

Por si fuera poco, es importante señalar que tan es una situación reconocida legalmente que en la página de internet del PRD, se informa que el propio Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, es profesor por oposición en la UNAM, imparte clases en el área de posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, y es profesor de asignatura en el ITAM.

En la página de internet de la propia Consejería Jurídica se destaca que Manuel Granados es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM por oposición, ostentando la cátedra especial “Manuel Ovilla Mandujano” a la fecha con 11 años de docencia.

Reafirmo mí orgullo de ser universitaria y de hacer política de forma transparente y de frente a la ciudadanía. Reafirmo también que no he violado ninguna ley.

Es obvio que esto persigue otros fines, y lo que realmente es una pena, es que la propia Asamblea Legislativa cuestione a una Institución tan prestigiada como la UNAM.

Estoy tranquila y convencida, de que con esta información, los diputados promoventes del Punto de Acuerdo, haciendo honor a su palabra, darán una disculpa pública a la Universidad Nacional Autónoma de México.