Aclarar irregularidades

Con toda impunidad constructores violan sellos de clausura y desde hace meses continúa con las obras, ante la “complacencia o complicidad de las autoridades delegacionales.

Las diputadas Aleida Alavez Ruiz y María Eugenia Lozano demandan a los gobiernos de la Ciudad de México (CDMX) y de la delegación Iztapalapa detener la construcción de una plaza comercial en terrenos que le había otorgado como PTR al CCH Oriente

Académicos y trabajadores del CCH Oriente apoyan petición de las legisladoras para que el predio le sea donado a la UNAM

Los daños de la plaza a estudiantes, medio ambiente, movilidad, seguridad y suministro de agua son alarmantes, dicen

Las diputadas Aleida Alavez y María Eugenia Lozano demandan a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México recuperar un predio contiguo al CCH Oriente y donarlo a la máxima casa de estudios, en lugar de autorizar una plaza comercial plagada de irregularidades que se construye en ese lugar.

En conferencia de prensa acompañadas por una comisión de académicos y trabajadores administrativos del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Oriente, en Iztapalapa, denunciaron un sinnúmero de irregularidades en la acreditación de la propiedad el terreno de más de 7 mil metros cuadrados, por lo que no se debe descartar un posible fraude.

Por ello, pedirán a través de un punto de acuerdo que las autoridades del gobierno local y delegacional aclaren la serie de irregularidades de que está plagada la acreditación del predio y por qué se ha tolerado que continúen las obras que fueron clausuradas por falta de los permisos correspondientes.

Explicaron que mediados de 2016 la constructora Jesar SA de CV, empezó a construir una plaza comercial sin los permisos correspondientes, hecho que reconoció la Dirección Jurídica de la delegación, por lo que emitió la suspensión total de los trabajos y dictaminó que “era un riesgo inminente”.

Sin embargo, dijeron, los trabajos continúan sin que la delegación los detenga, por lo que denunciaron una posible complicidad. Por ello, hicieron un llamado al Jefe de Gobierno para que ponga orden y la jefa delegacional en Iztapalapa deje de operar en la impunidad y notificar esta falta grave a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que actúe en consecuencia.

Advirtieron que la permisividad mostrada por la actual administración de la Ciudad de México ante los constantes atropellos de inmobiliarias que violan las normas y afectan a los capitalinos, ha provocado la proliferación de seudo empresarios que no respetan las leyes.

Por su parte, los académicos del CCH Oriente, Raúl Álvarez y Rosa María González, señalaron que el Gobierno de la ciudad le otorgó un Permiso Temporal Revocable (PTR) a la UNAM en 2011 para habilitarlo como vivero. Sin embargo, después “apareció un supuesto propietario que hasta el momento no ha podido acreditar ser dueño del terreno”.

Informaron que sostuvieron mesas de trabajo con autoridades de los gobiernos central y delegacional pero fracasaron porque sólo era una táctica dilatoria para entretenerlos. Nunca tuvieron interés de resolver este problema, acusaron.

Manifestaron su preocupación porque se privilegie la construcción de una plaza comercial con todos los vicios que trae consigo, en detrimento de una zona escolar donde también se ubican otros planteles de educación media.

Advirtieron que la inseguridad en la zona se disparará aún más; que la de por sí pésima movilidad será “ahorcada” por el tránsito vehicular y escaseará más el agua, toda vez que detectaron que la empresa construye una cisterna de mucha más capacidad que la del propio CCH y que es insuficiente para atender las necesidades de su población.

Alavez Ruiz y Lozano Torres presentarán un punto de acuerdo para exhortar a la Consejería Jurídica que se acredite la propiedad del inmueble y que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informe sobre posibles daños que estos trabajos pueden ocasionar a su infraestructura subterránea que se localiza en el predio, así como la factibilidad de esta obra.

Además pedirán que las autoridades de la delegación Iztapalapa ordene la demolición de lo que se ha construido, para evitar otra tragedia como la de Álvaro Obregón, por falta de supervisión y seguridad para los propios trabajadores.