Tipificar el cohecho

La corrupción afecta la vida moral y ética de la sociedad, además multiplica la pobreza y potencia la desigualdad social, por lo que el Senado debe iniciar el diálogo sobre la nueva etapa del combate a la corrupción.

A partir del año 2000 se empezó a construir el andamiaje jurídico de transparencia y rendición de cuentas públicas, y durante estos años se avanzó, pero no es suficiente; por lo que esta Legislatura estableció las bases sólidas para que inicie operaciones el Sistema Nacional Anticorrupción, dijo Blanca Alcalá Ruiz, vicepresidenta de la Mesa Directiva.

Durante la inauguración del foro “La responsabilidad de las personas morales en el delito de cohecho”, sostuvo que la corrupción es un problema que afecta la vida moral y ética de la sociedad, constituye un problema grave para el desarrollo económico del país, incide en el crecimiento del Producto Interno Bruto y multiplica la pobreza y potencia la desigualdad social.

Subrayó que los senadores deben buscar cómo combatir otras manifestaciones de la corrupción, cómo erradicarla, y reconstruir una sociedad donde los servidores públicos y quienes realizan actividades privadas se conduzcan con ética.

La senadora Yolanda de la Torre Valdez, integrante de la Comisión de Justicia, refirió que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya establece la responsabilidad penal de las personas morales, pero las conductas relacionadas con el cohecho cometido por ellas, aún no están tipificadas en el Código Penal Federal.

Por lo que, en ese sentido, presentó una iniciativa que tiene el objetivo de que estos actos no queden impunes, “y logremos consolidar un eficaz estado de derecho, caracterizado por una plena legalidad y confiabilidad en el actuar de las empresas y servidores públicos en las contrataciones y prestación de servicios públicos”.

Dijo que tipificar las conductas que cometen las personas morales, es una oportunidad para perfeccionar al Sistema Nacional Anticorrupción.

Señaló que el Senado debe iniciar el diálogo sobre la nueva etapa del combate a la corrupción, porque fue el órgano legislativo que inició, bajo la modalidad de parlamento abierto, la construcción del SNA.

Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, refirió que con el Sistema se pretende que no se repitan actos de corrupción cometidos por personas morales, como el ocurrido por la empresa Odebrecht.

Señaló que la corrupción no es un fenómeno que se restrinja al sector público, por lo que los ciudadanos también están obligados por la ley a no cometer actos de corrupción, “pues se necesitan dos partes, igualmente responsables, para efectuar la transacción”.

El subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Javier Vargas Zempoaltecatl, dijo que por primera vez en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se contempla un catálogo de faltas administrativas orientadas a los servidores públicos; y uno específico para particulares, donde todas las faltas administrativas se clasifican como graves.

El titular de la Unidad Ética de la Procuraduría General de la República (PGR), Juan Pablo Pampillo, dijo que es oportuna la iniciativa presentada por la senadora Yolanda de la Torre, respecto de la responsabilidad criminal en las personas morales por su participación en los delitos de cohecho.

Subrayó que cuando se dictamine el proyecto, se debe ponderar cuál es la política criminal que se quiere definir en esta materia, atenuar o excluir la responsabilidad penal; pero afirmó que sobre todo se requiere fomentar la prevención.