Titánica labor en captura
El magistrado Élfego Bautista Pardo, titular de la Quinta Sala ponencia dos en materia Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ponderó la titánica e importante tarea de la Interpol para la captura de uno de los ex gobernadores que presuntamente se enriqueció escandalosa e inexplicablemente a manos llenas y sin raciocinio alguno, sin que nadie le pusiera un alto en su momento.
El jurista explica que después de meses de eludir a las autoridades nacionales e internacionales, el sábado 15 de abril, el ex gobernador Javier Duarte Ochoa fue detenido en Guatemala, nuestro vecino inmediato al sur, gracias a la intervención de la Interpol, organización internacional de policía de lo criminal, misma que una semana antes detuvo en Italia a Tomás Yarrington, también ex gobernador desleal a su electorado y a su partido.
Más allá de las opiniones políticas al respecto, esos hechos nos dan la oportunidad de referirnos a la Interpol, que devino del Primer Congreso Internacional de Policía Criminal de 1914, en el que participaron veinticuatro países; pasando por la Comisión Internacional de Policía Criminal, surgió como Interpol en 1956 y fue reconocida como ente internacional en 1972.
Actualmente cuenta con 190 miembros y su objetivo es facilitar la acción de las autoridades de procuración y administración de justicia nacionales, aun cuando no existan relaciones diplomáticas entre los países que así se lo soliciten. Actúa dentro de los límites de las legislaciones vigentes y siempre con respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Entre sus objetivos está garantizar a las policías de todo el mundo instrumentos y servicios necesarios para realizar su labor.
Cuenta con un sistema mundial de información policial protegida, brinda apoyo a las fuerzas policiales y organismos encargados de aplicación de la ley, da asistencia para la detección de delitos e identificación de delincuentes, además de proporcionar capacitación y crear alianzas para reforzar la investigación y la innovación en materia de seguridad.
Sin duda, una de sus funciones más importantes es el intercambio de información policial, la cual se da a través de su sistema de notificaciones, las que comúnmente conocemos como fichas.
A explicar:
La roja, para solicitar la localización y detención de la persona buscada;
La azul, para localizar o identificar a una persona, así como obtener información de ella;
La verde, para alertar sobre las actividades delictivas de alguien;
La amarilla, para localizar a una persona desaparecida o descubrir la identidad de una incapaz de identificarse a sí misma;
La negra, para conseguir información sobre cadáveres;
La naranja, para alertar sobre acontecimiento, persona, objeto o procedimiento que supongan amenaza o peligro inminente;
La morada, para facilitar información sobre modus operandi de los delincuentes; también para notificaciones especiales de la propia Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a que una determinada persona es objeto de sanciones impuestas por la ONU.
Sin la participación de esa corporación mundial no hubiera sido posible la aprehensión del ex gobernador veracruzano, la que se dio merced a la existencia de ficha roja para su persona, ya que pesaba sobre él una orden de aprehensión debido a su probable responsabilidad en la comisión de actos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia Ilícita, dictada por un juzgado de distrito.
Tan solo por el último de estos delitos es aplicable una pena de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa, que en su caso aumentarán desde un tercio hasta 50 por ciento porque supuestamente los cometió cuando era funcionario público.
Independientemente de los ilícitos que motivaron la orden de aprehensión, por las imputaciones que se le han hecho, podrían configurarse otros, como enriquecimiento ilícito y peculado.
Por el primero podría recibir de 2 años a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa;
Por el segundo, de 2 a 14 años de prisión y de 100 a 150 días de multa. Podrían aumentar hasta en un tercio si los recursos desviados son federales, y parte de los desviados por el señor Duarte son de ese tipo, dado que fueron asignados a los municipios.
La demanda popular no es que ese ex funcionario esté más o menos años privado de su libertad, sino que regrese todos los recursos que sustrajo, para lo cual será indispensable que el juez considere la reparación del daño.
Toda vez que el descontento social no se mitigará con la sentencia, es buena idea ir pensando en mecanismos para informar públicamente qué sucede con los recursos confiscados a las personas procesadas y sentenciadas por delitos perpetrados contra bienes de la nación, es decir, corrupción también en el manejo de recursos públicos.
“Así es el Derecho”, puntualiza el magistrado ratificado Élfego Bautista Pardo, en entrevista desarrollada en su despacho de Río de la Plata.
blasalejo@yahoo.com