Crímenes odio
El diputado de morena, Néstor Núñez López, llamó a las autoridades capitalinas a garantizar la obligatoriedad de los protocolos de actuación que involucren la orientación sexual o identidad de género en favor de la población LGBTTTI, que fueron emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el gobierno federal.
Además, exhortó a la Cámara de Diputados a dictaminar la iniciativa de ley para reconocer y otorgar seguridad social a parejas y familias de dereochabientes de esta población.
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia y en conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por los diputados María Eugenia Lozano, Juan Jesús Briones y José Alfonso Suárez del Real, así como el secretario nacional de Diversidad Sexual de MORENA, Temístocles Villanueva, el legislador dio a conocer dos puntos de acuerdo para avanzar en la protección de las garantías de las personas de la comunidad LGBTTTI
Explicó que el llamado a los titulares de la Procuraduría, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Consejería Jurídica del gobierno de la Ciudad de México se debe a la urgencia de sensibilizar a los impartidores de justicia en temas como los “crímenes de odio” para que brinden el trato adecuado a las víctimas por esta causa.
Reconoció que en la Ciudad de México existen los preceptos necesarios para la correcta actuación de las autoridades encargadas de impartir justicia, aunque lamentablemente no son de cumplimiento obligatorio.
La incorrecta protección de las personas homosexuales, agregó, es resultado de la exclusión de que son objeto las víctimas por parte de los servidores públicos locales y federales, así como la discriminación del personal administrativo que recibe las denuncias.
Los “crímenes de odio”, abundó, son motivados por la antipatía que el agresor siente hacia ciertas características de la víctima identificada con un determinado grupo social, por lo que el rango de conductas criminales que prevén este tipo de delitos abarcan amenazas verbales, violencia moral, física y sexual, así como la privación de la vida, dirigidos contra mujeres, minorías étnicas, religiosas, culturales, sexuales y a la población LGBTTTI.
El punto de acuerdo advierte en 2015 la Ciudad de México encabezaba la lista de entidades con mayor cantidad de crímenes de odio con 190 casos, secundado por el Estado de México con 119, Nuevo León con 78, Chihuahua 69 y Jalisco con 66. Ello a pesar que en 2009 fue reconocida como una ciudad tolerante, respetuosa e incluyente al ser la primera entidad en legislar en favor del matrimonio igualitario,
Añade que en la Ciudad de México no se cuenta con un registro real de los crímenes de odio, ya que generalmente el Ministerio Público en turno, erróneamente tipifica los hechos como los constitutivos de un “delito pasional”.
Además y de acuerdo con la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio y Homofobia, por cada crimen de odio cometido en perjuicio de persona homosexual que es reportado, se comenten tres o cuatro más que no se denuncian por miedo a la revictimización.
La urgencia de aplicar este protocolo de actuación se apoya con datos emitidos por la ENADIS que señalan que de enero de 2011 a abril de 2012, se recibieron 237 quejas sobre presuntos actos de discriminación por parte de las autoridades, así como 36 reclamaciones contra servidores públicos locales y federales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitió el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de género”, con la finalidad “auxiliar a las y los juzgadores en torno a la resolución de asuntos que afecten los derechos de las personas por tales motivos”. De igual manera, Secretaría
Gobernación y la Procuraduría General de la República emitieron protocolos de actuación con la finalidad de sensibilizar a los impartidores de justicia a dar el trato adecuado a las víctimas por crímenes a causa de la discriminación.
En el otro punto de acuerdo, Núñez López exhorta a Cámara de Diputados a que dictamine la iniciativa que reforma disposiciones de las leyes del IMSS e ISSSTE para que se reconozcan y otorgue seguridad social a parejas y familias de derechohabientes de personas LGBTTTI.
Recordó que la reforma a estas leyes fue aprobada en el Senado de la República en 2015 y fue turnada a la Cámara de Diputados, pero hasta el momento no ha avanzado, por lo que es urgente que las parejas del mismo sexo tengan acceso a la salud y la seguridad social, lo que pone en riesgo la estabilidad personal y familiar, en casos de incapacidad o enfermedad.