México y EUA
Con un llamado a las instancias en materia de seguridad nacional y procuración de justicia del país para reforzar las acciones y estrategias que permitan abatir el consumo ilícito de Fentanilo y combatir la delincuencia organizada, concluyó la Conferencia Nacional de Química Forense de Fentanilo.
Anselmo Apodaca Sánchez, titular de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la Procuraduría General de la República (PGR), precisó que en el tema del Fentanilo, sus análogos y precursores químicos se debe atender la regulación normativa con base en un profundo conocimiento en la materia.
Agregó que enfrentamos una situación de emergencia de sobredosis de opiáceos atribuida principalmente al Fentanil y sus análogos fabricados clandestinamente. Derivado de ello, en Norteamérica y en otras partes del mundo, se acumulan cada vez más muertes asociadas, a tal nivel que ya representan una amenaza para la salud pública.
“Paralelamente, la delincuencia organizada continúa obteniendo indiscriminadamente, ganancias sustanciosas en perjuicio de la sociedad”, dijo.
Durante dos días de foro se compartieron experiencias relacionadas a esta creciente complejidad del mercado de opiáceos, en particular el grupo Fentanil, aspectos como sus controles internacionales, patrones evolutivos de uso y riesgos asociados, cómo se fabrica y se trafican estas sustancias y sus precursores.
También se conoció cómo identificarlas químicamente y manipularlas, las medidas de bioseguridad y recomendaciones internacionales.
En esta Conferencia Nacional, 33 peritos químicos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la AIC y 75 de las procuradurías y fiscalías generales del país, fortalecieron conocimientos y cuentan ahora con mejores elementos para un apropiado manejo del Fentanilo y sus análogos, con la absoluta seguridad que los pondrán al servicio de una adecuada procuración de justicia.
En el evento participó personal de diversas agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y de la Embajada de Canadá en México, así como servidores públicos de la PGR, de las instancias de Procuración de Justicia del país, de la Policía Federal y de la COFEPRIS.